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Escándalo de corrupción en la educación de Madrid: el caso del centro Ignacio Ellacuría
La Intervención de la Comunidad de Madrid investiga irregularidades en la construcción de un centro de Formación Profesional mientras se revelan prácticas corruptas en la gestión de fondos públicos.
Publicado: 20 de abril de 2025, 08:57
La Comunidad de Madrid enfrenta un grave escándalo de corrupción que ha puesto en entredicho la gestión de los fondos públicos destinados a la educación. En el centro de esta controversia se encuentra el Ignacio Ellacuría de Alcorcón, inaugurado en 2021 por la presidenta Isabel Díaz Ayuso, objeto de investigación por presuntas irregularidades en la contratación de sus obras. Se ha descubierto un sistema de contratos fraccionados que permitió adjudicaciones directas evitando los concursos públicos, involucrando múltiples centros educativos y denunciado inicialmente por un empresario.
La investigación ha revelado que el Gobierno de Ayuso, a través de Enrique Ossorio y Rocío Albert, autorizó procedimientos irregulares, incluyendo el uso improcedente de fondos públicos y la falta de transparencia. Alfonso Mateos, exsubdirector general de Formación Profesional, confirmó que este sistema de contratación irregular era común en la Consejería, resaltando la necesidad de rendición de cuentas de funcionarios y políticos responsables. Además, la situación refleja la precariedad educativa en la región, ya que los recursos son desviados hacia prácticas corruptas.
Este escándalo no solo cuestiona la gestión actual de fondos públicos, sino que también plantea la exigencia a la ciudadanía por transparencia y medidas correctivas para restaurar la confianza en el sistema educativo, afectado por la corrupción que beneficia a unos pocos a expensas del bienestar educativo.
La investigación ha revelado que el Gobierno de Ayuso, a través de Enrique Ossorio y Rocío Albert, autorizó procedimientos irregulares, incluyendo el uso improcedente de fondos públicos y la falta de transparencia. Alfonso Mateos, exsubdirector general de Formación Profesional, confirmó que este sistema de contratación irregular era común en la Consejería, resaltando la necesidad de rendición de cuentas de funcionarios y políticos responsables. Además, la situación refleja la precariedad educativa en la región, ya que los recursos son desviados hacia prácticas corruptas.
Este escándalo no solo cuestiona la gestión actual de fondos públicos, sino que también plantea la exigencia a la ciudadanía por transparencia y medidas correctivas para restaurar la confianza en el sistema educativo, afectado por la corrupción que beneficia a unos pocos a expensas del bienestar educativo.