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Elecciones en Birmania: Un proceso sin oposición que refuerza el control de la junta militar tras el golpe de 2021
La comunidad internacional cuestiona la legitimidad de unos comicios marcados por la represión y la exclusión política.
Publicado: 28 de enero de 2026, 09:15
Los ciudadanos de Birmania (Myanmar) comenzaron a votar el 28 de diciembre en las primeras elecciones generales organizadas por la junta militar desde el golpe de Estado de febrero de 2021. Estos comicios, divididos en tres fases, incluyen una primera etapa en 102 municipios, y se llevan a cabo sin la participación de la oposición, cuyos líderes están encarcelados o en el exilio. La jornada electoral se desarrolla en un clima de represión, con leyes que amenazan a quienes critiquen el proceso electoral.
La comunidad internacional ha manifestado rechazo hacia estas elecciones, viéndolas como un intento de legitimar el control de la junta sobre un estado sumido en conflictos armados. La ASEAN declaró que no certificaría estas elecciones por no cumplir con los estándares de credibilidad necesarios. Alrededor del 17% de los municipios del país quedaron excluidos de la votación, y de los 4,3 millones de ciudadanos birmanos en el extranjero, solo 6.000 tienen derecho a voto.
Con protestas en curso por la restitución de la democracia y el dominio de la junta militar, el ambiente electoral está marcado por el miedo, mientras que la participación de los partidos democráticos queda anulada, dejando al Partido de la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo (PUSD), afín a la junta, con una mayoría parlamentaria. En la primera fase de los comicios, la participación fue del 52%, y en la segunda fase alcanzó el 56%, según datos oficiales. Sin embargo, estas cifras son significativamente más bajas que en elecciones anteriores, donde la participación rondó el 70%. La junta militar ha reportado que las elecciones se desarrollaron sin incidentes, aunque ha reforzado el despliegue policial alrededor de algunas escuelas que funcionan como puntos de votación.
El proceso electoral ha estado marcado por una fuerte represión. Desde el golpe, la junta militar despojó a la Liga Nacional para la Democracia (LND) de su estatus, y su líder, Aung San Suu Kyi, se encuentra encarcelada con condenas que suman más de 33 años de prisión. Además, se estima que más de 22.700 personas están encarceladas por motivos políticos, y más de 3,5 millones de ciudadanos han sido desplazados debido a la violencia y la inestabilidad en el país. Amnistía Internacional ha denunciado un aumento en el número de ataques aéreos, mientras que Naciones Unidas ha advertido que esta crisis ha llevado a una caída drástica de la inversión extranjera, intensificando la severa crisis humanitaria que enfrenta Birmania.
El líder birmano, general Min Aung Hlaing, ha defendido el proceso electoral asegurando que “el voto del pueblo es el reconocimiento que necesitamos”, desestimando la perspectiva internacional sobre la legitimidad del mismo. La arquitectura del proceso refuerza el peso del estamento militar, garantizando una influencia decisiva en la vida política del país.
La comunidad internacional ha manifestado rechazo hacia estas elecciones, viéndolas como un intento de legitimar el control de la junta sobre un estado sumido en conflictos armados. La ASEAN declaró que no certificaría estas elecciones por no cumplir con los estándares de credibilidad necesarios. Alrededor del 17% de los municipios del país quedaron excluidos de la votación, y de los 4,3 millones de ciudadanos birmanos en el extranjero, solo 6.000 tienen derecho a voto.
Con protestas en curso por la restitución de la democracia y el dominio de la junta militar, el ambiente electoral está marcado por el miedo, mientras que la participación de los partidos democráticos queda anulada, dejando al Partido de la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo (PUSD), afín a la junta, con una mayoría parlamentaria. En la primera fase de los comicios, la participación fue del 52%, y en la segunda fase alcanzó el 56%, según datos oficiales. Sin embargo, estas cifras son significativamente más bajas que en elecciones anteriores, donde la participación rondó el 70%. La junta militar ha reportado que las elecciones se desarrollaron sin incidentes, aunque ha reforzado el despliegue policial alrededor de algunas escuelas que funcionan como puntos de votación.
El proceso electoral ha estado marcado por una fuerte represión. Desde el golpe, la junta militar despojó a la Liga Nacional para la Democracia (LND) de su estatus, y su líder, Aung San Suu Kyi, se encuentra encarcelada con condenas que suman más de 33 años de prisión. Además, se estima que más de 22.700 personas están encarceladas por motivos políticos, y más de 3,5 millones de ciudadanos han sido desplazados debido a la violencia y la inestabilidad en el país. Amnistía Internacional ha denunciado un aumento en el número de ataques aéreos, mientras que Naciones Unidas ha advertido que esta crisis ha llevado a una caída drástica de la inversión extranjera, intensificando la severa crisis humanitaria que enfrenta Birmania.
El líder birmano, general Min Aung Hlaing, ha defendido el proceso electoral asegurando que “el voto del pueblo es el reconocimiento que necesitamos”, desestimando la perspectiva internacional sobre la legitimidad del mismo. La arquitectura del proceso refuerza el peso del estamento militar, garantizando una influencia decisiva en la vida política del país.