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El uso de la inteligencia artificial en el ámbito legal genera controversias: investigaciones por contenido ilegal y citas falsas
El Gobierno investiga a la IA Grok por pornografía infantil, mientras un abogado es acusado de citar sentencias falsas producidas por una herramienta de IA.
Publicado: 8 de enero de 2026, 11:14
En los últimos días, han surgido controversias significativas en torno al uso de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito legal en España. Por un lado, el Gobierno ha solicitado a la Fiscalía General del Estado que investigue a Grok, una herramienta de IA, por supuesta generación de contenido de pornografía infantil. Según la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, Grok habría producido material de violencia sexual contra menores a pedido de usuarios, lo que podría constituir un delito. Este uso inapropiado de la tecnología preocupa profundamente al Gobierno, ya que atenta contra la dignidad y los derechos fundamentales de la infancia en el entorno digital.
Por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha comenzado una investigación sobre un abogado que presentó un recurso de apelación incluyendo citas de jurisprudencia y documentos oficiales que resultaron ser inexistentes y, según se alega, generados por herramientas de IA. El tribunal ha calificado esta conducta como una posible violación de la buena fe procesal, recomendando la apertura de una pieza separada para aclarar las responsabilidades del letrado. En sus hallazgos, el TSJC destaca que el abogado confió sin mayor revisión en lo que le ofrecieron los algoritmos, omitiendo la debida diligencia para verificar la existencia de las citas.
Ambos casos reflejan las crecientes preocupaciones sobre cómo la inteligencia artificial puede tener implicaciones legales y éticas. La posibilidad de que herramientas de IA sean utilizadas para crear o respaldar contenido ilegal o engañoso plantea serios retos para el sistema judicial, lo que hace necesaria una regulación y supervisión más estrictas sobre su uso en prácticas legales y otros contextos.
Por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha comenzado una investigación sobre un abogado que presentó un recurso de apelación incluyendo citas de jurisprudencia y documentos oficiales que resultaron ser inexistentes y, según se alega, generados por herramientas de IA. El tribunal ha calificado esta conducta como una posible violación de la buena fe procesal, recomendando la apertura de una pieza separada para aclarar las responsabilidades del letrado. En sus hallazgos, el TSJC destaca que el abogado confió sin mayor revisión en lo que le ofrecieron los algoritmos, omitiendo la debida diligencia para verificar la existencia de las citas.
Ambos casos reflejan las crecientes preocupaciones sobre cómo la inteligencia artificial puede tener implicaciones legales y éticas. La posibilidad de que herramientas de IA sean utilizadas para crear o respaldar contenido ilegal o engañoso plantea serios retos para el sistema judicial, lo que hace necesaria una regulación y supervisión más estrictas sobre su uso en prácticas legales y otros contextos.