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El TSJCV confirma vulneración de derechos fundamentales del grupo Compromís por denegación de documentación del Gobierno de Mazón
Las sentencias destacan el derecho de los parlamentarios a acceder a información esencial sobre la gestión de la DANA.
Publicado: 24 de julio de 2025, 20:17
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha dictado cinco sentencias que estiman total o parcialmente los recursos presentados por el grupo Compromís, referidos a la negativa del Gobierno de Carlos Mazón a facilitar documentación relacionada con la gestión de la DANA que tuvo lugar el 29 de octubre.
El tribunal ha concluido que el Gobierno valenciano vulneró el derecho fundamental de los parlamentarios, al no justificar adecuadamente la denegación de acceso a varios documentos solicitados. Aunque se reconoce el derecho de Compromís a acceder a ciertos documentos, se desestima el acceso a datos más sensibles, catalogándolos como desproporcionados y potencialmente violatorios de otros derechos.
Las sentencias, que no son firmes y pueden ser recurridas ante el Tribunal Supremo, marcan un precedente en la relación entre los representantes de la oposición y el gobierno regional, subrayando la importancia del acceso a información que permita ejercer un control efectivo sobre la gestión pública.
El tribunal ha concluido que el Gobierno valenciano vulneró el derecho fundamental de los parlamentarios, al no justificar adecuadamente la denegación de acceso a varios documentos solicitados. Aunque se reconoce el derecho de Compromís a acceder a ciertos documentos, se desestima el acceso a datos más sensibles, catalogándolos como desproporcionados y potencialmente violatorios de otros derechos.
Las sentencias, que no son firmes y pueden ser recurridas ante el Tribunal Supremo, marcan un precedente en la relación entre los representantes de la oposición y el gobierno regional, subrayando la importancia del acceso a información que permita ejercer un control efectivo sobre la gestión pública.