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El Tribunal Supremo respalda a Iberdrola en el litigio por la central fotovoltaica Núñez de Balboa en Usagre, Badajoz
La decisión del alto tribunal permite que la planta solar continúe operando y mantiene el contrato de arrendamiento con los propietarios de los terrenos.
Publicado: 21 de junio de 2025, 12:15
El Tribunal Supremo de España ha firmado el fin del litigio que enfrentaba a la eléctrica Iberdrola con los propietarios de los terrenos donde se encuentra situada la central fotovoltaica Núñez de Balboa, en Usagre, Badajoz. Esta instalación, considerada una de las más grandes de Europa, podrá seguir funcionando gracias a la reciente sentencia del alto tribunal, que permite mantener el contrato de arrendamiento entre las partes. La decisión se emitió el pasado 12 de junio de 2025 y se produjo tras un recurso planteado por la planta enfrentando un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que había dictaminado que Iberdrola debía desmantelar la instalación y devolver los terrenos por considerarse expropiados de forma ilegal.
El conflicto surgió cuando Natura Manager S.L., propietaria de las 500 hectáreas, cuestionó la Declaración de Utilidad Pública otorgada al proyecto en octubre de 2018. Este proceso judicial se extendió por varios años e incluyó a múltiples organismos y tribunales, como el Tribunal de Cuentas y la Junta de Extremadura, antes de llegar al Supremo. En su resolución, este alto tribunal reafirmó la validez del contrato de arrendamiento de 25 años, obligando a Iberdrola a cumplir con el pago de las rentas acordadas y ordenando al propietario devolver el justiprecio de 3,3 millones de euros que había recibido debido a la expropiación.
La sentencia subraya que el contrato estaba vigente y que sólo se podría instar a una nueva expropiación si se llegase a resolver el contrato, algo que el Supremo considera que no ha sucedido. Además, el tribunal enfatizó que una infraestructura de tal envergadura no se puede desmantelar para regresar "in natura" los terrenos a su estado original.
El conflicto surgió cuando Natura Manager S.L., propietaria de las 500 hectáreas, cuestionó la Declaración de Utilidad Pública otorgada al proyecto en octubre de 2018. Este proceso judicial se extendió por varios años e incluyó a múltiples organismos y tribunales, como el Tribunal de Cuentas y la Junta de Extremadura, antes de llegar al Supremo. En su resolución, este alto tribunal reafirmó la validez del contrato de arrendamiento de 25 años, obligando a Iberdrola a cumplir con el pago de las rentas acordadas y ordenando al propietario devolver el justiprecio de 3,3 millones de euros que había recibido debido a la expropiación.
La sentencia subraya que el contrato estaba vigente y que sólo se podría instar a una nueva expropiación si se llegase a resolver el contrato, algo que el Supremo considera que no ha sucedido. Además, el tribunal enfatizó que una infraestructura de tal envergadura no se puede desmantelar para regresar "in natura" los terrenos a su estado original.