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El Tribunal Supremo recibe información de WhatsApp sobre el fiscal general Álvaro García Ortiz
La UCO ha sido ordenada para analizar la documentación en el marco de la investigación por revelación de secretos
Publicado: 24 de abril de 2025, 21:56
El Tribunal Supremo de España ha recibido información crucial de WhatsApp relacionada con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien está siendo investigado por un delito de revelación de secretos. El juez instructor del caso, Ángel Hurtado, ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que analice los datos por un período de un mes, bajo secreto de sumario.
La información fue enviada desde Estados Unidos, cumpliendo con una comisión rogatoria solicitada por el juez, que se centró en la recuperación de mensajes y documentos borrados por García Ortiz en relación a la filtración de datos de un caso vinculado al abogado de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Esta filtración incluye correos electrónicos en los que se admiten delitos fiscales y se negocian pactos con la Fiscalía.
Las diligencias se concentran en los días entre el 8 y el 14 de marzo de 2024, lo que ha generado un intenso debate en los medios sobre la responsabilidad del fiscal general y las implicaciones legales de sus acciones. La investigación ha estado marcada por la incertidumbre, ya que García Ortiz borró sus mensajes en dos ocasiones y eliminó su cuenta de correo electrónico, complicando su situación legal.
La información fue enviada desde Estados Unidos, cumpliendo con una comisión rogatoria solicitada por el juez, que se centró en la recuperación de mensajes y documentos borrados por García Ortiz en relación a la filtración de datos de un caso vinculado al abogado de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Esta filtración incluye correos electrónicos en los que se admiten delitos fiscales y se negocian pactos con la Fiscalía.
Las diligencias se concentran en los días entre el 8 y el 14 de marzo de 2024, lo que ha generado un intenso debate en los medios sobre la responsabilidad del fiscal general y las implicaciones legales de sus acciones. La investigación ha estado marcada por la incertidumbre, ya que García Ortiz borró sus mensajes en dos ocasiones y eliminó su cuenta de correo electrónico, complicando su situación legal.