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El Tribunal Supremo reafirma que la indemnización por despido improcedente no puede ser incrementada judicialmente
Esta decisión cierra la puerta a compensaciones superiores y se produce en medio de presiones políticas para reformar la legislación laboral.
Publicado: 16 de julio de 2025, 19:48
El Tribunal Supremo de España ha decidido que la indemnización por despido improcedente, establecida en 33 días de salario por año trabajado, no puede ser aumentada por vía judicial. La resolución reafirma una postura similar dictada en diciembre de 2024 y surge tras reclamos de sindicatos que argumentan que la indemnización no es suficiente.
El Tribunal también alega que la indemnización cumple con el Estatuto de los Trabajadores y que el mandato de la Carta Social Europea no obliga a una compensación superior. La Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha manifestado su intención de reformar la legislación laboral para garantizar una "indemnización adecuada", aunque la implementación de estas reformas podría enfrentar obstáculos legislativos.
La oposición de la patronal ha sido clara, celebrando la decisión del Supremo como un respaldo a la seguridad jurídica. Además, la resolución subraya que las decisiones del Comité Europeo de Derechos Sociales no son obligatorias para los tribunales internos, lo que restringe la aplicación de sus recomendaciones y deja espacio para futuros debates sobre la legislación de despido.
El Tribunal también alega que la indemnización cumple con el Estatuto de los Trabajadores y que el mandato de la Carta Social Europea no obliga a una compensación superior. La Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha manifestado su intención de reformar la legislación laboral para garantizar una "indemnización adecuada", aunque la implementación de estas reformas podría enfrentar obstáculos legislativos.
La oposición de la patronal ha sido clara, celebrando la decisión del Supremo como un respaldo a la seguridad jurídica. Además, la resolución subraya que las decisiones del Comité Europeo de Derechos Sociales no son obligatorias para los tribunales internos, lo que restringe la aplicación de sus recomendaciones y deja espacio para futuros debates sobre la legislación de despido.