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El Tribunal Supremo reafirma la indemnización fija por despido improcedente en España, generando controversia entre magistrados y sindicatos
La sentencia busca garantizar seguridad jurídica y uniformidad en las indemnizaciones, aunque no excluye la posibilidad de compensaciones adicionales.
Publicado: 22 de julio de 2025, 12:30
El Tribunal Supremo de España ha confirmado, en una sentencia reciente, el modelo de indemnización por despido improcedente, establecido en 33 días de salario por año trabajado y con un tope de 24 mensualidades. La decisión, fechada el 16 de julio y publicada el 22 de julio de 2025, busca asegurar que la legislación laboral ofrezca uniformidad y predecibilidad a todos los trabajadores.
El fallo responde a cuestionamientos sobre la adecuación de esta indemnización en relación con disposiciones del Derecho europeo, como el artículo 24 de la Carta Social Europea. Aunque el Tribunal indica que la normativa cumple con las exigencias internacionales, también permite margen para que los Estados configuren sus propios sistemas de indemnización. Se han presentado votos particulares que argumentan a favor de indemnizaciones adicionales para casos donde la cuantía fija pueda ser insuficiente, especialmente para trabajadores con mayores ingresos o situaciones laborales desfavorables.
Desde el ámbito social, esta decisión ha generado reacciones encontradas. Sindicatos como CCOO y UGT criticaron la sentencia, advirtiendo que desvirtúa la protección frente a despidos abusivos. Por otro lado, organizaciones empresariales ven la decisión como un paso positivo hacia la estabilidad laboral. El Supremo ha subrayado que cualquier cambio en el sistema de indemnización debería proceder del legislador, marcando límites a la intervención judicial en estos asuntos laborables.
El fallo responde a cuestionamientos sobre la adecuación de esta indemnización en relación con disposiciones del Derecho europeo, como el artículo 24 de la Carta Social Europea. Aunque el Tribunal indica que la normativa cumple con las exigencias internacionales, también permite margen para que los Estados configuren sus propios sistemas de indemnización. Se han presentado votos particulares que argumentan a favor de indemnizaciones adicionales para casos donde la cuantía fija pueda ser insuficiente, especialmente para trabajadores con mayores ingresos o situaciones laborales desfavorables.
Desde el ámbito social, esta decisión ha generado reacciones encontradas. Sindicatos como CCOO y UGT criticaron la sentencia, advirtiendo que desvirtúa la protección frente a despidos abusivos. Por otro lado, organizaciones empresariales ven la decisión como un paso positivo hacia la estabilidad laboral. El Supremo ha subrayado que cualquier cambio en el sistema de indemnización debería proceder del legislador, marcando límites a la intervención judicial en estos asuntos laborables.