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El Tribunal Supremo ratifica la condena de prisión permanente revisable a María Cristina R.E. por asesinar a su hija de 4 años
María Cristina R.E. deberá indemnizar a su expareja y al abuelo de la niña con 400.000 euros tras su condena por asesinato.
Publicado: 16 de mayo de 2025, 19:48
El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a prisión permanente revisable dictada contra María Cristina R.E., quien asesinó a su hija de 4 años en mayo de 2021 en Sant Joan Despí, Barcelona. La resolución avala tanto la decisión de la Audiencia de Barcelona como la ratificación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), rechazando el recurso de casación de la defensa.
La sala de lo Penal ha señalado que la muerte fue premeditada, destacando que la menor era vulnerable al estar sola con su madre, quien le administró un cóctel de fármacos antes de asfixiarla. La severidad de la condena se justifica por la naturaleza alevosa del acto, que implica un abuso de la relación materno-filial, durante el cual la madre tenía el deber de proteger a su hija.
Además, el tribunal ha desestimado la solicitud de la defensa de considerar la confesión como atenuante, argumentando que esta fue tardía y no refleja un verdadero reconocimiento de culpabilidad. La condena incluye una indemnización de 400.000 euros a la expareja y a los abuelos de la niña, estableciendo un precedente significativo en casos de violencia contra menores.
La sala de lo Penal ha señalado que la muerte fue premeditada, destacando que la menor era vulnerable al estar sola con su madre, quien le administró un cóctel de fármacos antes de asfixiarla. La severidad de la condena se justifica por la naturaleza alevosa del acto, que implica un abuso de la relación materno-filial, durante el cual la madre tenía el deber de proteger a su hija.
Además, el tribunal ha desestimado la solicitud de la defensa de considerar la confesión como atenuante, argumentando que esta fue tardía y no refleja un verdadero reconocimiento de culpabilidad. La condena incluye una indemnización de 400.000 euros a la expareja y a los abuelos de la niña, estableciendo un precedente significativo en casos de violencia contra menores.