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El Tribunal Supremo propone llevar a juicio a Ábalos, Koldo y Aldama por corrupción en contratos de mascarillas durante la pandemia
Leopoldo Puente ve indicios sólidos de delitos de cohecho, tráfico de influencias y malversación en la actuación de los acusados
Publicado: 3 de noviembre de 2025, 20:09
El Tribunal Supremo de España ha propuesto juzgar al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia. Según el magistrado Leopoldo Puente, hay 'muy consistentes indicios' de delitos como cohecho y malversación de caudales públicos. La instrucción del caso sugiere que los acusados actuaron de forma coordinada para beneficiarse de contratos a cambio de comisiones ilícitas.
El auto judicial destaca la 'naturaleza organizada' de la presunta trama, que se habría formado poco después de que Ábalos asumiera su cargo. Se menciona que Aldama facilitó pagos a Koldo García, quien actuó como intermediario para influir en decisiones que requerían la firma de Ábalos. Además, se registraron pagos mensuales y se subraya el nexo entre el rescate de Air Europa y los pagos a Ábalos, insinuando que su apoyo político podía estar ligado a beneficios personales.
Esta fase de la investigación culmina con un plazo de diez días para que la Fiscalía presente sus acusaciones. El caso promete generar gran interés público en el contexto de un escándalo de corrupción que involucra a altos funcionarios del Gobierno español.
El auto judicial destaca la 'naturaleza organizada' de la presunta trama, que se habría formado poco después de que Ábalos asumiera su cargo. Se menciona que Aldama facilitó pagos a Koldo García, quien actuó como intermediario para influir en decisiones que requerían la firma de Ábalos. Además, se registraron pagos mensuales y se subraya el nexo entre el rescate de Air Europa y los pagos a Ábalos, insinuando que su apoyo político podía estar ligado a beneficios personales.
Esta fase de la investigación culmina con un plazo de diez días para que la Fiscalía presente sus acusaciones. El caso promete generar gran interés público en el contexto de un escándalo de corrupción que involucra a altos funcionarios del Gobierno español.