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El Tribunal Supremo obliga al Gobierno a revelar el código fuente del bono social eléctrico para asegurar la transparencia y proteger a los ciudadanos vulnerables
La sentencia refuerza el derecho de acceso a la información pública ante los riesgos de las tecnologías automatizadas en el reconocimiento de derechos sociales.
Publicado: 17 de septiembre de 2025, 19:41
El Tribunal Supremo de España ha emitido una sentencia histórica que obliga al Gobierno a facilitar el código fuente de la aplicación BOSCO, utilizada para determinar quiénes son beneficiarios del bono social eléctrico. Esta decisión responde a la reclamación presentada por la fundación Ciudadana Civio, que argumentó que muchos ciudadanos vulnerables estaban siendo injustamente excluidos del bono, que tiene como objetivo aliviar la carga económica de los grupos más desfavorecidos.
La sala de lo contencioso-administrativo del Supremo sostuvo que el derecho a la información pública es un principio rector de la administración y un derecho constitucional que los ciudadanos pueden ejercer. Este fallo marca un precedente importante en la lucha por la transparencia sobre cómo las administraciones utilizan tecnologías automatizadas en la concesión de beneficios públicos. El Supremo enfatiza que los criterios utilizados por algoritmos deben ser accesibles, asegurando control democrático sobre estas herramientas.
La sentencia anula decisiones anteriores que limitaban el acceso al código fuente y establece que el interés por el correcto funcionamiento de aplicaciones que impactan en los derechos de los ciudadanos debe prevalecer. Con esta decisión, el Tribunal Supremo abre la puerta para que otros algoritmos utilizados en distintas administraciones sean igualmente accesibles, priorizando la transparencia sobre la opacidad tecnológica.
La sala de lo contencioso-administrativo del Supremo sostuvo que el derecho a la información pública es un principio rector de la administración y un derecho constitucional que los ciudadanos pueden ejercer. Este fallo marca un precedente importante en la lucha por la transparencia sobre cómo las administraciones utilizan tecnologías automatizadas en la concesión de beneficios públicos. El Supremo enfatiza que los criterios utilizados por algoritmos deben ser accesibles, asegurando control democrático sobre estas herramientas.
La sentencia anula decisiones anteriores que limitaban el acceso al código fuente y establece que el interés por el correcto funcionamiento de aplicaciones que impactan en los derechos de los ciudadanos debe prevalecer. Con esta decisión, el Tribunal Supremo abre la puerta para que otros algoritmos utilizados en distintas administraciones sean igualmente accesibles, priorizando la transparencia sobre la opacidad tecnológica.