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El Tribunal Supremo obliga a los bancos a pagar las costas en apelaciones sobre cláusulas abusivas para proteger a los consumidores
Este cambio de doctrina busca fomentar el ejercicio del derecho judicial sin el temor a costes disuasorios para los consumidores.
Publicado: 17 de diciembre de 2025, 21:52
El Tribunal Supremo de España ha emitido una decisión significativa que modifica su jurisprudencia en relación a las costas judiciales en casos de cláusulas abusivas. A partir de ahora, los bancos serán responsables de pagar las costas procesales si un consumidor gana un recurso de apelación en estos litigios. Esta nueva doctrina es un paso crucial hacia la protección de los derechos de los consumidores, quienes a menudo se sienten disuadidos a reclamar por temor a los costes económicos que conlleva.
Las sentencias que establecen este cambio fueron dictadas los días 4 y 5 de diciembre de 2025 y subrayan que obligar a los consumidores a asumir las costas judiciales, incluso cuando tienen resoluciones favorables, representa un obstáculo significativo para su derecho a reclamar. El alto tribunal ha detallado que, si un consumidor se ve obligado a llevar su caso hasta la segunda instancia, el perjuicio es mayor, ya que, a pesar de tener el respaldo judicial, enfrentarse a gastos adicionales puede mermar su capacidad para defender sus derechos.
Esta modificación en la jurisprudencia es un claro llamado tanto a los bancos como a los juzgados, enfatizando que la defensa de los derechos de los consumidores no solo es un deber legal, sino también una necesidad dentro de un sistema judicial saludable y equitativo.
Las sentencias que establecen este cambio fueron dictadas los días 4 y 5 de diciembre de 2025 y subrayan que obligar a los consumidores a asumir las costas judiciales, incluso cuando tienen resoluciones favorables, representa un obstáculo significativo para su derecho a reclamar. El alto tribunal ha detallado que, si un consumidor se ve obligado a llevar su caso hasta la segunda instancia, el perjuicio es mayor, ya que, a pesar de tener el respaldo judicial, enfrentarse a gastos adicionales puede mermar su capacidad para defender sus derechos.
Esta modificación en la jurisprudencia es un claro llamado tanto a los bancos como a los juzgados, enfatizando que la defensa de los derechos de los consumidores no solo es un deber legal, sino también una necesidad dentro de un sistema judicial saludable y equitativo.