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El Tribunal Supremo exige informes quincenales sobre la acogida de menores migrantes tras críticas a la gestión gubernamental
La polémica se intensifica en torno a la reubicación de menores solicitantes de asilo en España y la respuesta del Gobierno central.
Publicado: 2 de julio de 2025, 19:44
En medio de un creciente debate sobre la gestión del gobierno español respecto a la acogida de menores migrantes no acompañados, el Tribunal Supremo ha ordenado que el Gobierno central y el Gobierno de Canarias envíen informes conjuntos cada quince días. Esta decisión se enmarca en el proceso de acogida de aproximadamente mil jóvenes solicitantes de asilo que actualmente se encuentran en las Islas Canarias, como dictaminó el alto tribunal en marzo.
La providencia, emitida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, busca garantizar que ambas administraciones proporcionen información actualizada sobre los avances en la implementación de sus compromisos con el fin de asegurar el bienestar y los derechos de estos menores. Una de las principales críticas a la gestión del Gobierno ha venido de la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, quien ha denunciado que 400 menores migrantes llegaron sin aviso previo y que el centro de recepción local no está preparado para gestionar sus necesidades. Esta queja resalta las tensiones entre diferentes niveles de gobierno.
Las críticas no solo provienen de líderes locales, sino también de representantes de organizaciones de derechos humanos, quienes exigen que la administración actúe de manera efectiva y justa para atender a los menores. Con la presión del Tribunal Supremo y la tensión palpable en las relaciones entre las diferentes administraciones, la respuesta a esta crisis migratoria se encuentra en una encrucijada que demandará una coordinación y planificación efectiva.
La providencia, emitida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, busca garantizar que ambas administraciones proporcionen información actualizada sobre los avances en la implementación de sus compromisos con el fin de asegurar el bienestar y los derechos de estos menores. Una de las principales críticas a la gestión del Gobierno ha venido de la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, quien ha denunciado que 400 menores migrantes llegaron sin aviso previo y que el centro de recepción local no está preparado para gestionar sus necesidades. Esta queja resalta las tensiones entre diferentes niveles de gobierno.
Las críticas no solo provienen de líderes locales, sino también de representantes de organizaciones de derechos humanos, quienes exigen que la administración actúe de manera efectiva y justa para atender a los menores. Con la presión del Tribunal Supremo y la tensión palpable en las relaciones entre las diferentes administraciones, la respuesta a esta crisis migratoria se encuentra en una encrucijada que demandará una coordinación y planificación efectiva.