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El Tribunal Supremo exige al Gobierno un plazo de 30 días para acoger a los menores migrantes no acompañados en Madrid
Esta medida cautelar, solicitada por la Comunidad de Madrid, ha generado un nuevo conflicto entre administraciones en el ámbito de la migración.
Publicado: 24 de diciembre de 2025, 00:58
El Tribunal Supremo de España ha dictado una orden que requiere al Gobierno central hacerse cargo de los menores extranjeros no acompañados que han solicitado asilo en la Comunidad de Madrid. Este fallo, que establece un plazo improrrogable de 30 días, responde a una medida cautelar solicitada por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, quien argumentó la falta de actuación estatal en esta materia.
Según la Comunidad de Madrid, hay al menos 50 menores que se encuentran en esta situación, mientras que la Abogacía del Estado ha reconocido únicamente a 38. El Tribunal Supremo subrayó que las diferencias cuantitativas entre ambos casos no deben ser un obstáculo para garantizar el acceso de estos menores al Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional.
A raíz de esta decisión, el Gobierno debe informar al Supremo sobre las acciones que tomará tras la conclusión del plazo establecido. La situación revela las tensiones existentes entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central, ya que la administración de Ayuso ha argumentado que el sistema autonómico está asumiendo competencias que por ley son responsabilidad del Estado.
Según la Comunidad de Madrid, hay al menos 50 menores que se encuentran en esta situación, mientras que la Abogacía del Estado ha reconocido únicamente a 38. El Tribunal Supremo subrayó que las diferencias cuantitativas entre ambos casos no deben ser un obstáculo para garantizar el acceso de estos menores al Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional.
A raíz de esta decisión, el Gobierno debe informar al Supremo sobre las acciones que tomará tras la conclusión del plazo establecido. La situación revela las tensiones existentes entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central, ya que la administración de Ayuso ha argumentado que el sistema autonómico está asumiendo competencias que por ley son responsabilidad del Estado.