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El Tribunal Supremo exige a Ábalos y Koldo pagar una fianza de 60,000 euros por el caso de las mascarillas
Ambos deben depositar la suma en cinco días, mientras Koldo García solicita que el empresario Aldama también sea incluido en la fianza.
Publicado: 14 de enero de 2026, 04:15
El Tribunal Supremo ha dado un plazo de cinco días a José Luis Ábalos y Koldo García para abonar una fianza de 60,000 euros cada uno, en el marco del juicio por el denominado 'caso Koldo', relacionado con las presuntas irregularidades en la contratación de mascarillas durante la pandemia. Esta fianza se establece como garantía para cubrir posibles responsabilidades civiles en caso de una condena.
La apertura del juicio oral fue comunicada a ambos acusados, quienes se encuentran en prisión provisional desde noviembre de 2025. En este contexto, la Fiscalía Anticorrupción está pidiendo penas de hasta 24 años para Ábalos y de 19 años para Koldo, además de cuantiosas multas que superan los 3.7 millones de euros. Las acusaciones están centralizadas en la adjudicación de contratos por un total de 54 millones de euros en mascarillas, donde se pone en duda la legalidad y transparencia del proceso.
Koldo García ha solicitado al Tribunal Supremo que se considere la responsabilidad civil del empresario Víctor de Aldama, argumentando que la carga debería ser solidaria entre todos los acusados. Su defensa ha presentado un argumento centrado en la supuesta solvencia de Aldama, contrastada con la precariedad económica que él y Ábalos enfrentan. La decisión del tribunal sobre la solicitud de Koldo podría marcar el futuro de los acusados y actualizar el marco legal en torno a las responsabilidades económicas en casos de corrupción.
La apertura del juicio oral fue comunicada a ambos acusados, quienes se encuentran en prisión provisional desde noviembre de 2025. En este contexto, la Fiscalía Anticorrupción está pidiendo penas de hasta 24 años para Ábalos y de 19 años para Koldo, además de cuantiosas multas que superan los 3.7 millones de euros. Las acusaciones están centralizadas en la adjudicación de contratos por un total de 54 millones de euros en mascarillas, donde se pone en duda la legalidad y transparencia del proceso.
Koldo García ha solicitado al Tribunal Supremo que se considere la responsabilidad civil del empresario Víctor de Aldama, argumentando que la carga debería ser solidaria entre todos los acusados. Su defensa ha presentado un argumento centrado en la supuesta solvencia de Aldama, contrastada con la precariedad económica que él y Ábalos enfrentan. La decisión del tribunal sobre la solicitud de Koldo podría marcar el futuro de los acusados y actualizar el marco legal en torno a las responsabilidades económicas en casos de corrupción.