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El Tribunal Supremo desestima querella contra Pedro Sánchez y analiza el contexto de acciones legales en su mandato
La alta corte archiva la denuncia de Vox sobre la repatriación de activistas, en medio de una oleada de querellas sin recorrido judicial.
Publicado: 11 de enero de 2026, 03:51
En una reciente decisión, el Tribunal Supremo ha desestimado la querella presentada por Vox contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como contra los ministros de Exteriores y Defensa. La denuncia se centraba en el pago de los billetes de avión para repatriar a activistas de la 'Flotilla de la Libertad', y el tribunal determinó que no hay indicios de malversación ni de prevaricación. Esta decisión forma parte de un patrón donde el Tribunal ha inadmitido muchas querellas contra Sánchez, al considerar que carecen de fundamento.
El Supremo argumentó que las acciones del Gobierno son legítimas dentro de sus competencias diplomáticas, y esto se refleja en el hecho de que Vox ha presentado múltiples querellas, todas desestimadas por falta de indicios de delito. La reciente resolución del tribunal refuerza la idea de que estas legalidades son utilizadas por la oposición como herramientas políticas en un contexto de confrontación legal.
Este contexto es crucial para entender la situación política en España, donde muchos ven estas querellas como intentos sin suficiente justificación de desacreditar al Gobierno. La resolución muestra cómo la judicialización de la política ha sido un tema recurrente en los últimos años.
El Supremo argumentó que las acciones del Gobierno son legítimas dentro de sus competencias diplomáticas, y esto se refleja en el hecho de que Vox ha presentado múltiples querellas, todas desestimadas por falta de indicios de delito. La reciente resolución del tribunal refuerza la idea de que estas legalidades son utilizadas por la oposición como herramientas políticas en un contexto de confrontación legal.
Este contexto es crucial para entender la situación política en España, donde muchos ven estas querellas como intentos sin suficiente justificación de desacreditar al Gobierno. La resolución muestra cómo la judicialización de la política ha sido un tema recurrente en los últimos años.