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El Tribunal Supremo de Estados Unidos autoriza a Trump a reanudar los despidos masivos en la administración federal
La decisión del alto tribunal permite al presidente avanzar en sus planes de reducción de personal en diversas agencias gubernamentales.
Publicado: 9 de julio de 2025, 12:12
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dado luz verde al presidente Donald Trump para reanudar los despidos masivos en las agencias federales tras un fallo que bloqueaba temporalmente esa acción. Esta decisión es un nuevo hito en la implementación de los planes del presidente para reducir el tamaño del gobierno, un compromiso que ha sido parte central de su agenda política.
La sentencia del tribunal elimina el bloqueo impuesto en mayo por una corte de California, que había dictado que los despidos debían ser suspendidos mientras se revisaba la legalidad del plan. El contenido del fallo no está firmado, pero se entiende que la mayoría de los jueces que lo respaldaron son de inclinación conservadora, lo que ha generado alarmas entre las organizaciones de derechos laborales. Los sindicatos y grupos opositores han reaccionado con preocupación, argumentando que esta decisión pone en riesgo los servicios que dependen de una administración pública adecuada y puede ser considerada un ataque a los derechos laborales y a la democracia misma.
La fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, ha expresado su satisfacción con el fallo y ha indicado que el gobierno continuará con su “histórico” plan de reorganización del departamento. Mientras tanto, sigue existiendo incertidumbre sobre el futuro específico de los despidos y las repercusiones que tendrán en el personal federal y los servicios públicos. La decisión del Tribunal Supremo resalta las divisiones persistentes en la política estadounidense sobre la administración pública y el papel del gobierno federal en la vida de los ciudadanos.
Además, en un contexto más amplio de enfrentamientos entre el gobierno de Trump y las instituciones educativas, este miércoles el Departamento de Seguridad Nacional ordenó a la Universidad de Harvard la entrega de documentos sobre sus estudiantes extranjeros, lo que se suma a la presión sobre las universidades frente a las políticas de inmigración del presidente. Según agentes del DHS, Harvard se ha negado a cooperar en peticiones previas, lo que llevó a este requerimiento administrativo. Las autoridades argumentan que la universidad ha permitido que estudiantes extranjeros abusen de sus privilegios de visados y que esto refleja una crítica más amplia a la actitud del gobierno ante las universidades en general.
Con esta reciente decisión del Tribunal Supremo, se abre un camino que podría facilitar no solo los despidos masivos en las agencias federales, sino también una remodelación del sistema educativo en los Estados Unidos. La Administración Trump ha intensificado su ofensiva, prometiendo que estas medidas serán efectivas incluso sin la autorización del Congreso, lo que sitúa a las universidades como objetivo de esta política de reestructuración gubernamental y control administrativo.
La sentencia del tribunal elimina el bloqueo impuesto en mayo por una corte de California, que había dictado que los despidos debían ser suspendidos mientras se revisaba la legalidad del plan. El contenido del fallo no está firmado, pero se entiende que la mayoría de los jueces que lo respaldaron son de inclinación conservadora, lo que ha generado alarmas entre las organizaciones de derechos laborales. Los sindicatos y grupos opositores han reaccionado con preocupación, argumentando que esta decisión pone en riesgo los servicios que dependen de una administración pública adecuada y puede ser considerada un ataque a los derechos laborales y a la democracia misma.
La fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, ha expresado su satisfacción con el fallo y ha indicado que el gobierno continuará con su “histórico” plan de reorganización del departamento. Mientras tanto, sigue existiendo incertidumbre sobre el futuro específico de los despidos y las repercusiones que tendrán en el personal federal y los servicios públicos. La decisión del Tribunal Supremo resalta las divisiones persistentes en la política estadounidense sobre la administración pública y el papel del gobierno federal en la vida de los ciudadanos.
Además, en un contexto más amplio de enfrentamientos entre el gobierno de Trump y las instituciones educativas, este miércoles el Departamento de Seguridad Nacional ordenó a la Universidad de Harvard la entrega de documentos sobre sus estudiantes extranjeros, lo que se suma a la presión sobre las universidades frente a las políticas de inmigración del presidente. Según agentes del DHS, Harvard se ha negado a cooperar en peticiones previas, lo que llevó a este requerimiento administrativo. Las autoridades argumentan que la universidad ha permitido que estudiantes extranjeros abusen de sus privilegios de visados y que esto refleja una crítica más amplia a la actitud del gobierno ante las universidades en general.
Con esta reciente decisión del Tribunal Supremo, se abre un camino que podría facilitar no solo los despidos masivos en las agencias federales, sino también una remodelación del sistema educativo en los Estados Unidos. La Administración Trump ha intensificado su ofensiva, prometiendo que estas medidas serán efectivas incluso sin la autorización del Congreso, lo que sitúa a las universidades como objetivo de esta política de reestructuración gubernamental y control administrativo.