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El Tribunal Supremo de EE.UU. permite a Trump deportar migrantes a terceros países, incluyendo Sudán del Sur y El Salvador
La decisión del Supremo reanuda las expulsiones y genera preocupaciones sobre la seguridad de los inmigrantes en países peligrosos.
Publicado: 24 de junio de 2025, 07:13
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha otorgado al Gobierno del presidente Donald Trump la autorización para reanudar las expulsiones de inmigrantes indocumentados a terceros países, entre ellos Sudán del Sur y El Salvador. Esta decisión representa un triunfo para la administración de Trump en su política de deportaciones, revocando una orden de un juez federal que había bloqueado la deportación de ocho inmigrantes a Sudán del Sur, un país señalado por un alto riesgo de torturas.
Tras el fallo del Supremo, la subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, manifestó que el Gobierno tiene ahora la 'autoridad legal' para proceder con estas deportaciones. La votación del Supremo fue de 6 a 3, y solo los tres jueces progresistas se mostraron en contra de permitir las deportaciones. Mientras tanto, se han expresado preocupaciones sobre las condiciones de salud y seguridad de los inmigrantes que permanecen en la base aérea de Yibuti, donde se reportan situaciones deplorables y riesgo de ataques. Además, solo uno de los deportados es originario de Sudán del Sur, mientras que los demás provienen de varios países con contextos de conflicto.
El Gobierno de Trump continúa en la búsqueda de acuerdos con otros países para facilitar más deportaciones; recientemente se firmó un pacto con El Salvador que incluye el envío de más de 200 migrantes a una megacárcel en condiciones de pago por la aceptación de estos migrantes durante un año. Este acuerdo también incluye una compensación de 6 millones de dólares al gobierno salvadoreño, a pesar de las preocupaciones internacionales sobre el trato a los inmigrantes en dichas instalaciones. Expertos y defensores de derechos humanos han criticado la decisión, enfatizando que deportar a personas a locales donde corren el riesgo de ser torturadas contradice las obligaciones de derechos humanos de Estados Unidos.
Tras el fallo del Supremo, la subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, manifestó que el Gobierno tiene ahora la 'autoridad legal' para proceder con estas deportaciones. La votación del Supremo fue de 6 a 3, y solo los tres jueces progresistas se mostraron en contra de permitir las deportaciones. Mientras tanto, se han expresado preocupaciones sobre las condiciones de salud y seguridad de los inmigrantes que permanecen en la base aérea de Yibuti, donde se reportan situaciones deplorables y riesgo de ataques. Además, solo uno de los deportados es originario de Sudán del Sur, mientras que los demás provienen de varios países con contextos de conflicto.
El Gobierno de Trump continúa en la búsqueda de acuerdos con otros países para facilitar más deportaciones; recientemente se firmó un pacto con El Salvador que incluye el envío de más de 200 migrantes a una megacárcel en condiciones de pago por la aceptación de estos migrantes durante un año. Este acuerdo también incluye una compensación de 6 millones de dólares al gobierno salvadoreño, a pesar de las preocupaciones internacionales sobre el trato a los inmigrantes en dichas instalaciones. Expertos y defensores de derechos humanos han criticado la decisión, enfatizando que deportar a personas a locales donde corren el riesgo de ser torturadas contradice las obligaciones de derechos humanos de Estados Unidos.