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El Tribunal Supremo convoca a Alvise y a Álvaro Romillo por presunta financiación ilegal de SALF el 11 de julio
La investigación se centra en una posible vinculación entre el eurodiputado y un empresario en un caso de corrupción electoral.
Publicado: 25 de junio de 2025, 20:05
El Tribunal Supremo ha citado a declarar el próximo 11 de julio al eurodiputado Alvise Pérez y al empresario Álvaro Romillo, en el contexto de una investigación sobre presunta financiación ilegal del partido Se Acabó La Fiesta (SALF). Esta citación se produce debido a la presunta aceptación de 100.000 euros por parte de Alvise de Romillo, quien está siendo investigado por una supuesta estafa piramidal. El dinero habría sido destinado a financiar la campaña electoral de Alvise para las elecciones al Parlamento Europeo de 2024.
La situación es relevante ya que Alvise ha sido citado anteriormente por el tribunal en otras ocasiones y su recurrente aparición sugiere un un aumento en la atención hacia sus actividades políticas. El fiscal ha indicado que Alvise pudo haber evadido controles electorales al canalizar el dinero recibido de manera irregular. Alvise ha defendido su actuación y cuestiona la interpretación del uso de esos fondos.
La declaración de ambos es esperada con gran interés, ya que puede tener implicaciones importantes para la disciplina política y electoral en el país y se centra en diversos delitos como la financiación ilegal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
La situación es relevante ya que Alvise ha sido citado anteriormente por el tribunal en otras ocasiones y su recurrente aparición sugiere un un aumento en la atención hacia sus actividades políticas. El fiscal ha indicado que Alvise pudo haber evadido controles electorales al canalizar el dinero recibido de manera irregular. Alvise ha defendido su actuación y cuestiona la interpretación del uso de esos fondos.
La declaración de ambos es esperada con gran interés, ya que puede tener implicaciones importantes para la disciplina política y electoral en el país y se centra en diversos delitos como la financiación ilegal, blanqueo de capitales y falsedad documental.