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El Tribunal Supremo confirma indemnización de 4.000 euros a Ignacio Stampa por dilación en su investigación interna
La sentencia rechaza el recurso de la Abogacía del Estado, validando la compensación que el fiscal solicitó por daño moral.
Publicado: 31 de octubre de 2025, 08:19
El Tribunal Supremo ha confirmado que el Estado debe indemnizar al fiscal Ignacio Stampa con 4.000 euros por los perjuicios sufridos durante una investigación interna que le costó la posibilidad de obtener una plaza fija en la Fiscalía Anticorrupción. La decisión, resultado de la inadmisión del recurso presentado por la Abogacía del Estado, se fundamenta en la falta de argumentación suficiente. La investigación, abierta en 2020, surgió por sospechas de infracción de normativas en relación con el caso Tándem, involucrando a Stampa en importantes casos de corrupción.
La Audiencia Nacional había determinado que la prolongación injustificable de la investigación se debió a órdenes de la cúpula de la Fiscalía, afectando directamente la carrera de Stampa al mantenerlo bajo sospecha en un periodo crucial para su carrera. El Supremo ha sostenido que se vulneró su derecho a un proceso justo, subrayando que la duración excesiva de las diligencias investigativas causó daño moral y profesional al fiscal.
La decisión del Supremo no solo reafirma la indemnización sino que también enfatiza la responsabilidad del Estado en el manejo de sus fiscales y los procesos que impactan sus carreras, marcando un precedente sobre la gestión administrativa en el ámbito judicial.
La Audiencia Nacional había determinado que la prolongación injustificable de la investigación se debió a órdenes de la cúpula de la Fiscalía, afectando directamente la carrera de Stampa al mantenerlo bajo sospecha en un periodo crucial para su carrera. El Supremo ha sostenido que se vulneró su derecho a un proceso justo, subrayando que la duración excesiva de las diligencias investigativas causó daño moral y profesional al fiscal.
La decisión del Supremo no solo reafirma la indemnización sino que también enfatiza la responsabilidad del Estado en el manejo de sus fiscales y los procesos que impactan sus carreras, marcando un precedente sobre la gestión administrativa en el ámbito judicial.