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El Tribunal Supremo condena al fiscal general del Estado por filtración de datos en un caso que sacude la política española
La sentencia marcó un hito judicial y político, evidenciando la tensión entre el Gobierno y la oposición.
Publicado: 28 de diciembre de 2025, 11:51
El año 2025 quedará grabado en la memoria colectiva de España por el histórico juicio y posterior condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por el Tribunal Supremo. Este proceso ha sacudido las bases de la clase política y ha generado un intenso debate sobre la ética y la legalidad de la acción del máximo representante del Ministerio Público en un caso que involucra a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su pareja, Alberto González Amador.
El Tribunal Supremo condenó a García Ortiz a dos años de inhabilitación y a pagar 7.200 euros de multa tras hallarlo culpable de un delito de revelación de secretos. La sentencia se fundamentó en la filtración de un correo que contenía información sensible sobre un caso de fraude fiscal. La condena ha desencadenado reacciones políticas intensas, con el Gobierno defendiendo a García Ortiz y el Partido Popular criticando duramente al presidente Pedro Sánchez. Esta polarización ha evidenciado la fractura entre las instituciones y la oposición, generando un clima de desconfianza.
Las repercusiones de la sentencia continúan, ya que García Ortiz ha decidido apelar y la Inspección de la Fiscalía evaluará posibles medidas disciplinarias. Este caso plantea interrogantes sobre la conducta de funcionarios públicos y su deber de proteger la confidencialidad, un deber que, según el Supremo, fue quebrantado sin justificación.
El Tribunal Supremo condenó a García Ortiz a dos años de inhabilitación y a pagar 7.200 euros de multa tras hallarlo culpable de un delito de revelación de secretos. La sentencia se fundamentó en la filtración de un correo que contenía información sensible sobre un caso de fraude fiscal. La condena ha desencadenado reacciones políticas intensas, con el Gobierno defendiendo a García Ortiz y el Partido Popular criticando duramente al presidente Pedro Sánchez. Esta polarización ha evidenciado la fractura entre las instituciones y la oposición, generando un clima de desconfianza.
Las repercusiones de la sentencia continúan, ya que García Ortiz ha decidido apelar y la Inspección de la Fiscalía evaluará posibles medidas disciplinarias. Este caso plantea interrogantes sobre la conducta de funcionarios públicos y su deber de proteger la confidencialidad, un deber que, según el Supremo, fue quebrantado sin justificación.