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El Tribunal Supremo condena a Álvaro García Ortiz por la filtración de datos reservados en el caso de la pareja de Ayuso
La sentencia resalta la responsabilidad del exfiscal general por violar el deber de confidencialidad y arrastra implicaciones políticas significativas.
Publicado: 2 de enero de 2026, 20:39
El Tribunal Supremo ha hecho pública la sentencia condenatoria contra Álvaro García Ortiz, exfiscal general del Estado, por un delito de revelación de secretos. La sala ha determinado que García Ortiz o alguien de su entorno filtraron a la prensa un correo electrónico en el que se reconocían dos delitos fiscales por parte de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. El fallo, emitido el 9 de diciembre de 2025, condena a García Ortiz a dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros, además de una indemnización de 10.000 euros al afectado.
La sentencia establece que el fiscal general no puede responder a informaciones falsas mediante acciones delictivas y que sobre él pesaba un "reforzado deber de reserva", el cual quebrantó sin justificación. Aunque la mayoría del tribunal afirma que la filtración fue admitida como un hecho, dos magistradas emitieron un voto particular en el que argumentan que no existen pruebas concluyentes que demuestren que García Ortiz filtrara el correo, lo que genera un debate sobre la insuficiencia de evidencia.
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, argumentó que la verdadera responsable de la situación es Isabel Díaz Ayuso, quien debería pedir disculpas por el escándalo. La condena no solo afecta a García Ortiz en su carrera profesional, sino que también ha desatado una serie de reacciones políticas. Miembros de partidos como ERC, PNV, EH Bildu y Podemos han criticado la sentencia, al considerando que no hay pruebas suficientes que justifiquen la condena, y algunos han calificado la situación de "despropósito".
La sentencia establece que el fiscal general no puede responder a informaciones falsas mediante acciones delictivas y que sobre él pesaba un "reforzado deber de reserva", el cual quebrantó sin justificación. Aunque la mayoría del tribunal afirma que la filtración fue admitida como un hecho, dos magistradas emitieron un voto particular en el que argumentan que no existen pruebas concluyentes que demuestren que García Ortiz filtrara el correo, lo que genera un debate sobre la insuficiencia de evidencia.
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, argumentó que la verdadera responsable de la situación es Isabel Díaz Ayuso, quien debería pedir disculpas por el escándalo. La condena no solo afecta a García Ortiz en su carrera profesional, sino que también ha desatado una serie de reacciones políticas. Miembros de partidos como ERC, PNV, EH Bildu y Podemos han criticado la sentencia, al considerando que no hay pruebas suficientes que justifiquen la condena, y algunos han calificado la situación de "despropósito".