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El Tribunal Supremo archiva la querella de Vox contra Francina Armengol por la compra de mascarillas durante la pandemia
El Supremo concluye que no hay justificación para abrir una investigación paralela a la que lleva la Audiencia Nacional y la Fiscalía Europea.
Publicado: 16 de julio de 2025, 20:04
El Tribunal Supremo de España ha decidido archivar la querella presentada por Vox contra la presidenta del Congreso, Francina Armengol, en relación a la compra de mascarillas durante su mandato en el Govern balear. Vox la acusaba de prevaricación y malversación, entre otros delitos, pero el tribunal afirmó que la querella carece de pruebas suficientes para justificar una investigación adicional a las que ya están en curso por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Europea.
La Sala de lo Penal del Supremo argumentó que abrir un trámite paralelo no tendría sentido, aunque dejó clara la posibilidad de que, si surgen pruebas concretas contra Armengol en las investigaciones existentes, podrían considerar su imputación. En cuanto a otros implicados, como Koldo García y otros empresarios, la querella fue desestimada porque no son aforados. Este caso forma parte de una investigación más amplia sobre corrupción en contrataciones públicas durante la pandemia.
Durante la investigación, Armengol ha negado cualquier irregularidad. La relevancia de la decisión del Supremo se extiende más allá del ámbito judicial, afectando la percepción pública sobre la ética en las adjudicaciones durante la crisis sanitaria.
La Sala de lo Penal del Supremo argumentó que abrir un trámite paralelo no tendría sentido, aunque dejó clara la posibilidad de que, si surgen pruebas concretas contra Armengol en las investigaciones existentes, podrían considerar su imputación. En cuanto a otros implicados, como Koldo García y otros empresarios, la querella fue desestimada porque no son aforados. Este caso forma parte de una investigación más amplia sobre corrupción en contrataciones públicas durante la pandemia.
Durante la investigación, Armengol ha negado cualquier irregularidad. La relevancia de la decisión del Supremo se extiende más allá del ámbito judicial, afectando la percepción pública sobre la ética en las adjudicaciones durante la crisis sanitaria.