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El Tribunal Supremo abre juicio oral contra Ábalos, Koldo y De Aldama por contratos irregulares de mascarillas durante la pandemia
José Luis Ábalos y Koldo García permanecerán en prisión preventiva hasta el juicio por sus supuestas implicaciones en la trama de comisiones ilegales.
Publicado: 12 de diciembre de 2025, 15:17
El Tribunal Supremo español ha anunciado la apertura de juicio oral contra José Luis Ábalos, exministro de Fomento, su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, en relación a presuntas irregularidades en contratos de mascarillas durante la pandemia de COVID-19. La decisión del alto tribunal llega tras la confirmación del procesamiento de Ábalos y García, al considerar que existen “indicios bastantes de responsabilidad criminal” contra ambos. Los acusados enfrentan múltiples cargos, incluidos organización criminal y cohecho, y permanecerán en prisión preventiva debido al riesgo de fuga.
Se ha impuesto una fianza de 60.000 euros a Ábalos y García, quienes deben abonarla en cinco días para evitar embargos sobre sus bienes. La Fiscalía ha solicitado penas de hasta 24 años de prisión para Ábalos, y el juicio se espera que se celebre en los próximos meses, tras el cierre de la fase de recursos. El caso también ha impactado el Congreso de los Diputados, donde se ha suspendido a Ábalos de sus derechos como diputado, aunque su acta se mantiene.
El proceso judicial no solo acarrea consecuencias legales para los involucrados, sino que también plantea serias preocupaciones sobre la transparencia en la gestión de contratos públicos durante la crisis sanitaria, generando tensiones en la política del PSOE y cuestionando la responsabilidad de figuras clave del partido. En este contexto, se han presentado discrepancias sobre la autenticidad de los audios grabados por Koldo García, ya que peritos de la Guardia Civil sostienen que no hubo manipulación de las grabaciones, mientras que la defensa de otros imputados argumenta lo contrario. Además, un análisis técnico ha revelado que algunos audios podrían haber sido alterados, lo que añade mayor complejidad al caso.
Se ha impuesto una fianza de 60.000 euros a Ábalos y García, quienes deben abonarla en cinco días para evitar embargos sobre sus bienes. La Fiscalía ha solicitado penas de hasta 24 años de prisión para Ábalos, y el juicio se espera que se celebre en los próximos meses, tras el cierre de la fase de recursos. El caso también ha impactado el Congreso de los Diputados, donde se ha suspendido a Ábalos de sus derechos como diputado, aunque su acta se mantiene.
El proceso judicial no solo acarrea consecuencias legales para los involucrados, sino que también plantea serias preocupaciones sobre la transparencia en la gestión de contratos públicos durante la crisis sanitaria, generando tensiones en la política del PSOE y cuestionando la responsabilidad de figuras clave del partido. En este contexto, se han presentado discrepancias sobre la autenticidad de los audios grabados por Koldo García, ya que peritos de la Guardia Civil sostienen que no hubo manipulación de las grabaciones, mientras que la defensa de otros imputados argumenta lo contrario. Además, un análisis técnico ha revelado que algunos audios podrían haber sido alterados, lo que añade mayor complejidad al caso.