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El Tribunal de Justicia de la UE desafía la política migratoria de Giorgia Meloni y redefine la deportación de inmigrantes a Albania

La sentencia del TJUE establece la necesidad de control judicial sobre los países considerados "seguros" para la repatriación de migrantes.

Publicado: 1 de agosto de 2025, 12:03

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictado una sentencia que impone nuevas restricciones al modelo de deportación de inmigrantes del gobierno de Giorgia Meloni, cuestionando la lista de países considerados "seguros" para los migrantes. La sentencia, conocida el 1 de agosto, exige que dicha categorización esté sujeta a un control judicial, asegurando que los derechos fundamentales de los migrantes sean respetados. Este pronunciamiento ha generado críticas por parte de Meloni, quien considera que la decisión socava su capacidad de implementar políticas migratorias efectivas y reduce la autonomía de los gobiernos en esta área.

La sentencia se origina en el caso de migrantes de Bangladesh interceptados en el Mediterráneo y enviados a un centro de internamiento en Albania. El Gobierno italiano manifestó su sorpresa ante el fallo, argumentando que el TJUE ha delegado en jueces nacionales decisiones que dependen de la política migratoria, lo cual reduciría aún más la autonomía del Parlamento italiano. La oposición italiana ha interpretado el fallo como un golpe a la política migratoria de Meloni, con llamados para cerrar estos centros de internamiento, que se consideran ineficaces y moralmente cuestionables. La situación presenta un reto en la reconciliación de la normativa europea con las estrategias de Italia, especialmente con la inminente implementación de un nuevo pacto de asilo de la UE.

A largo plazo, la legislación europea sobre inmigración y asilo impactará en cómo Italia gestiona las deportaciones y garantiza los derechos de los migrantes, mientras enfrenta la necesidad de ajustar su modelo migratorio a los estándares judiciales establecidos por el TJUE. La sentencia subraya que un país no puede ser considerado "seguro" a menos que garantice protección efectiva para todos sus nacionales y grupos vulnerables. A medida que se avecina la entrada en vigor del Pacto de la UE sobre inmigración y asilo, que contiene normas más estrictas sobre los criterios de identificación de esos países, el Gobierno italiano busca soluciones técnicas y normativas para asegurar la seguridad de sus ciudadanos en este nuevo contexto.