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El Tribunal de Justicia de la ONU establece que los países tienen la obligación legal de combatir el cambio climático
Un dictamen histórico que redefine las responsabilidades de las naciones ante la crisis climática y sus consecuencias legales.
Publicado: 23 de julio de 2025, 19:50
En un fallo histórico, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la ONU ha dictaminado que los estados tienen la obligación legal de actuar frente al cambio climático, considerándolo un 'acto internacionalmente ilícito' no cumplir con sus deberes en esta esfera. Este pronunciamiento se produce tras una consulta elevada por la Asamblea General de la ONU, que planteó preguntas sobre la responsabilidad de los gobiernos en la mitigación del calentamiento global y las consecuencias de no cumplir con los tratados internacionales de protección ambiental.
El dictamen enfatiza el derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, describiéndolo como una condición previa para el ejercicio de otros derechos fundamentales. La CIJ ha rechazado el argumento de que los tratados como el Acuerdo de París deben ser los únicos marcos aplicables, reafirmando que el derecho internacional consuetudinario sigue vigente. Aunque no es vinculante, su importancia radica en su influencia en futuros litigios climáticos y en la presión política sobre emisores de gases de efecto invernadero.
El dictamen se suma a otros esfuerzos judiciales para vincular la crisis climática con los derechos humanos, consolidando la tendencia de que los tribunales pueden ser utilizados para abordar obligaciones climáticas y sus responsabilidades.
El dictamen enfatiza el derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, describiéndolo como una condición previa para el ejercicio de otros derechos fundamentales. La CIJ ha rechazado el argumento de que los tratados como el Acuerdo de París deben ser los únicos marcos aplicables, reafirmando que el derecho internacional consuetudinario sigue vigente. Aunque no es vinculante, su importancia radica en su influencia en futuros litigios climáticos y en la presión política sobre emisores de gases de efecto invernadero.
El dictamen se suma a otros esfuerzos judiciales para vincular la crisis climática con los derechos humanos, consolidando la tendencia de que los tribunales pueden ser utilizados para abordar obligaciones climáticas y sus responsabilidades.