Progresista 78.5%Conservador 21.5%
El Tribunal de Apelaciones de EE. UU. respalda a Trump en el control de la Guardia Nacional en medio de las protestas de Los Ángeles
La corte determina que el presidente ejerció su autoridad legalmente al federalizar la Guardia Nacional para responder a las manifestaciones contra las redadas migratorias.
Publicado: 20 de junio de 2025, 07:09
En una reciente decisión, el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos ha respaldado al presidente Donald Trump, permitiéndole mantener el control sobre la Guardia Nacional desplegada en California, en un contexto de intensas protestas en Los Ángeles. La corte ha revertido una orden que consideraba ilegal el despliegue de la Guardia Nacional sin la aprobación del gobernador Gavin Newsom, concluyendo que el presidente actuó dentro de su autoridad al federalizar el cuerpo para proteger a los ciudadanos.
La decisión ha generado reacciones encontradas. Trump celebra el fallo, mientras que Newsom critica el uso de la Guardia Nacional, advirtiendo sobre implicaciones en la relación entre el gobierno federal y los estados. La corte consideró que, aunque no se notificó adecuadamente al gobernador, no impide el ejercicio de la autoridad presidencial. Esta situación refleja las crecientes tensiones entre gobiernos estatales y la federación, especialmente en administraciones demócratas que se oponen a las políticas de inmigración de la Casa Blanca.
Además, el tribunal ha señalado que el despliegue de más de 4.000 efectivos durante 60 días, entre los que se incluyen miembros de la Guardia Nacional y Marines, se considera legal para proteger propiedades y personal federal en una ciudad donde han ocurrido episodios de violencia en medio de protestas mayormente pacíficas. Se anticipa que este fallo podría resultar en un aumento del despliegue militar en áreas con predominancia demócrata, impactando no solo a California, sino también a otras regiones afectadas por políticas similares de control federal y deportación.
En la sentencia se destaca que el presidente Trump no actuó de manera arbitraria, sino que presentó evidencias de que los manifestantes lanzaron objetos peligrosos, dañaron edificios federales y generaron situaciones de caos que justificaban la intervención militar. Esto ha avivado el debate sobre los limites de la autoridad presidencial respecto a la movilización de fuerzas para mantener el orden público. Con esta medida, se espera que la administración Trump busque respuestas rápidas para enfrentar las protestas que han surgido a raíz de las duras políticas migratorias y que han captado la atención nacional. Newsom ha expresado sus intenciones de seguir luchando contra estas decisiones en los tribunales, reafirmando que la Guardia Nacional no debería ser utilizada sin su consentimiento, y criticando lo que considera un abuso de poder federal.
La tensión entre Trump y Newsom podría intensificarse, pues mientras el presidente aplaude la decisión judicial como un respaldo a su administración, el gobernador busca limitar el alcance de estas acciones en su estado. Este caso, sin duda, se ha convertido en un símbolo de la polarización política actual en EE. UU., reflejando no solo la división entre los partidos, sino también las variadas interpretaciones de la autoridad estatal y federal en tiempos de crisis social.
La decisión ha generado reacciones encontradas. Trump celebra el fallo, mientras que Newsom critica el uso de la Guardia Nacional, advirtiendo sobre implicaciones en la relación entre el gobierno federal y los estados. La corte consideró que, aunque no se notificó adecuadamente al gobernador, no impide el ejercicio de la autoridad presidencial. Esta situación refleja las crecientes tensiones entre gobiernos estatales y la federación, especialmente en administraciones demócratas que se oponen a las políticas de inmigración de la Casa Blanca.
Además, el tribunal ha señalado que el despliegue de más de 4.000 efectivos durante 60 días, entre los que se incluyen miembros de la Guardia Nacional y Marines, se considera legal para proteger propiedades y personal federal en una ciudad donde han ocurrido episodios de violencia en medio de protestas mayormente pacíficas. Se anticipa que este fallo podría resultar en un aumento del despliegue militar en áreas con predominancia demócrata, impactando no solo a California, sino también a otras regiones afectadas por políticas similares de control federal y deportación.
En la sentencia se destaca que el presidente Trump no actuó de manera arbitraria, sino que presentó evidencias de que los manifestantes lanzaron objetos peligrosos, dañaron edificios federales y generaron situaciones de caos que justificaban la intervención militar. Esto ha avivado el debate sobre los limites de la autoridad presidencial respecto a la movilización de fuerzas para mantener el orden público. Con esta medida, se espera que la administración Trump busque respuestas rápidas para enfrentar las protestas que han surgido a raíz de las duras políticas migratorias y que han captado la atención nacional. Newsom ha expresado sus intenciones de seguir luchando contra estas decisiones en los tribunales, reafirmando que la Guardia Nacional no debería ser utilizada sin su consentimiento, y criticando lo que considera un abuso de poder federal.
La tensión entre Trump y Newsom podría intensificarse, pues mientras el presidente aplaude la decisión judicial como un respaldo a su administración, el gobernador busca limitar el alcance de estas acciones en su estado. Este caso, sin duda, se ha convertido en un símbolo de la polarización política actual en EE. UU., reflejando no solo la división entre los partidos, sino también las variadas interpretaciones de la autoridad estatal y federal en tiempos de crisis social.