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El Tribunal Constitucional avala la amnistía y abre el camino para agilizar cientos de casos pendientes en Cataluña
La sentencia del TC llega tras el rechazo del Supremo a los recursos de Puigdemont, quien pide medidas cautelares para su regreso.
Publicado: 26 de junio de 2025, 12:52
Este miércoles, el Tribunal Constitucional de España ha aprobado, con un fallo dividido de 6 a 4, la ley de amnistía pertinente al 'Procés', permitiendo la amnistía para ciertos delitos. La decisión del TC responde a la presión social y política en favor de esta medida, argumentando que es necesaria para restaurar la convivencia y abordar la crisis institucional en Cataluña.
Desde la entrada en vigor de la ley, alrededor de 210 personas han recibido amnistía, aunque se estima que cerca de 1.400 podrían beneficiarse. Entre los casos más notorios está el de Carles Puigdemont, que busca la nullificación de su orden de detención. Su abogado, Gonzalo Boye, planea presentar un recurso de amparo al Tribunal Constitucional para facilitar su regreso a Cataluña.
Sin embargo, la situación es tensa, con el Tribunal Supremo cuestionando la aplicabilidad de la amnistía a Puigdemont debido a acusaciones de enriquecimiento ilícito. Esta controversia refleja la complejidad del proceso judicial en relación a los líderes del 'procés', indicando que la reconciliación política enfrenta serias dificultades legales.
Desde la entrada en vigor de la ley, alrededor de 210 personas han recibido amnistía, aunque se estima que cerca de 1.400 podrían beneficiarse. Entre los casos más notorios está el de Carles Puigdemont, que busca la nullificación de su orden de detención. Su abogado, Gonzalo Boye, planea presentar un recurso de amparo al Tribunal Constitucional para facilitar su regreso a Cataluña.
Sin embargo, la situación es tensa, con el Tribunal Supremo cuestionando la aplicabilidad de la amnistía a Puigdemont debido a acusaciones de enriquecimiento ilícito. Esta controversia refleja la complejidad del proceso judicial en relación a los líderes del 'procés', indicando que la reconciliación política enfrenta serias dificultades legales.