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El TJUE revisa la ley de amnistía en España: un examen crucial para la política europea y la justicia en el país.
Las audiencias reflexionarán sobre el alcance de la amnistía en casos de malversación y terrorismo, generando un debate crucial sobre el estado de derecho europeo.
Publicado: 15 de julio de 2025, 06:54
Este martes, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) comenzó un proceso crítico para analizar la ley de amnistía que governó la política española en los últimos años, especialmente en el contexto del procés catalán. La ley de amnistía, que se prevé como una solución para normalizar las tensiones políticas en España, enfrenta su primer examen en la justicia europea tras la aprobación por parte del Tribunal Constitucional español.
El TJUE celebró dos audiencias en una sesión que abarcó el análisis de cuestiones prejudiciales planteadas por los tribunales españoles, especialmente relacionadas con la malversación de fondos públicos y los delitos de terrorismo vinculados a los Comités de Defensa de la República (CDR). La vista de la mañana se centró en el caso del Tribunal de Cuentas, que investiga si la amnistía puede aplicarse a los ex altos cargos de la Generalitat que usaron más de 3 millones de euros en el referéndum ilegal del 1 de octubre. Se discute si la utilización de estos recursos vulneró derechos comunitarios y si la amnistía es compatible con las leyes europeas.
Por la tarde, la segunda audiencia examinará las dudas sobre la ley en relación con los delitos de terrorismo, particularmente si la amnistía se puede extender a aquellos acusados de haber sido miembros de la célula del CDR que planeó actos terroristas, lo que podría contradecir las normativas de la UE sobre el terrorismo. La Comisión Europea, que estuvo presente durante el proceso, ha mostrado una postura ambigua, pero ha cuestionado la legalidad de la ley de amnistía, al sugerir que podría interpretarse como una 'autoamnistía', especialmente en el contexto de que esta medida podría facilitar la impunidad para actos graves.
El TJUE celebró dos audiencias en una sesión que abarcó el análisis de cuestiones prejudiciales planteadas por los tribunales españoles, especialmente relacionadas con la malversación de fondos públicos y los delitos de terrorismo vinculados a los Comités de Defensa de la República (CDR). La vista de la mañana se centró en el caso del Tribunal de Cuentas, que investiga si la amnistía puede aplicarse a los ex altos cargos de la Generalitat que usaron más de 3 millones de euros en el referéndum ilegal del 1 de octubre. Se discute si la utilización de estos recursos vulneró derechos comunitarios y si la amnistía es compatible con las leyes europeas.
Por la tarde, la segunda audiencia examinará las dudas sobre la ley en relación con los delitos de terrorismo, particularmente si la amnistía se puede extender a aquellos acusados de haber sido miembros de la célula del CDR que planeó actos terroristas, lo que podría contradecir las normativas de la UE sobre el terrorismo. La Comisión Europea, que estuvo presente durante el proceso, ha mostrado una postura ambigua, pero ha cuestionado la legalidad de la ley de amnistía, al sugerir que podría interpretarse como una 'autoamnistía', especialmente en el contexto de que esta medida podría facilitar la impunidad para actos graves.