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El Supremo ratifica la prisión de Santos Cerdán por su rol directivo en la trama de corrupción del PSOE

La Sala de Apelaciones destaca el riesgo de destrucción de pruebas y los "nutridos y poderosos" indicios contra el exdirigente socialista.

Publicado: 23 de julio de 2025, 19:41

El Tribunal Supremo ha confirmado que Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, permanecerá en prisión preventiva debido a su supuesta implicación en una trama de corrupción relacionada con la adjudicación de obras públicas. La decisión se basa en los evidentes indicios de su "papel directivo" en la organización criminal y el riesgo de que pueda destruir pruebas si queda en libertad.

El auto emitido por la Sala de Apelaciones del alto tribunal destaca que existen "indicios nutridos y poderosos" que justifican la medida cautelar. Estos incluyen grabaciones de conversaciones que Cerdán mantuvo con Koldo García, un exasesor del Ministerio de Transportes, y mensajes que documentan su participación en el cobro de comisiones ilegales. La defensa de Cerdán ha intentado cuestionar la validez de las pruebas en su contra, pero el tribunal ha rechazado estas afirmaciones, manteniendo que las conversaciones grabadas son "extraordinariamente elocuentes" y revelan su implicación en la trama.

Esta decisión del tribunal no solo refleja la gravedad de las acusaciones que enfrenta Cerdán, quien se encuentra en el centro de una investigación que incluye varios exministros y otros funcionarios, sino que también resalta las implicaciones más amplias para el PSOE y el impacto que esta situación tiene en su imagen pública. El caso Koldo ha continuado generando un considerable escrutinio mediático y político, reavivando las preocupaciones sobre la corrupción en la política española, mientras que un asunto paralelo ha emergido relacionado con Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien enfrenta acusaciones de fraude fiscal y falsedad documental. La jueza Inmaculada Iglesias ha confirmado su procesamiento al ver claros indicios de que utilizó facturas falsas para defraudar alrededor de 350.951 euros a Hacienda, lo cual ha llevado a la Fiscalía a solicitar para él una pena de tres años y nueve meses de prisión. Este desarrollo pone en evidencia el contexto más amplio de corrupción que afecta a varias figuras de la política española en este momento.