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El Supremo de EE.UU. ordena la suspensión de deportaciones a migrantes basadas en la Ley de Enemigos Extranjeros
La decisión del tribunal se produce tras la apelación de la ACLU para evitar el traslado de venezolanos a una cárcel en El Salvador.
Publicado: 19 de abril de 2025, 17:48
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha ordenado al Gobierno que suspenda temporalmente las deportaciones de migrantes bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, la cual pretende utilizar el presidente Donald Trump para enviar a cientos de venezolanos a El Salvador. Esta decisión se dirige particularmente a los detenidos en el centro de detención de Bluebonnet, acusados de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua, que ha sido declarada como terrorista.
La orden del Supremo impide el traslado de los migrantes hasta nueva orden, y surge en un contexto donde la administración Trump ha sido acusada de ignorar decisiones judiciales que requerían permitir a los inmigrantes presentar sus casos. La ACLU argumentó que existe un riesgo inminente para los detenidos y ha expresado preocupación por su tratamiento y el estatus legal. Desde el inicio de esta estrategia de deportación, más de 200 venezolanos han sido enviados a un centro en El Salvador.
La decisión del tribunal busca garantizar que las deportaciones no se realicen sin el debido proceso y que los individuos tengan la oportunidad de impugnar su estatus legal. Este fallo podría afectar las políticas de inmigración de EE.UU. y la forma en que el gobierno y los defensores de derechos humanos abordan los desplazamientos de migrantes.
La orden del Supremo impide el traslado de los migrantes hasta nueva orden, y surge en un contexto donde la administración Trump ha sido acusada de ignorar decisiones judiciales que requerían permitir a los inmigrantes presentar sus casos. La ACLU argumentó que existe un riesgo inminente para los detenidos y ha expresado preocupación por su tratamiento y el estatus legal. Desde el inicio de esta estrategia de deportación, más de 200 venezolanos han sido enviados a un centro en El Salvador.
La decisión del tribunal busca garantizar que las deportaciones no se realicen sin el debido proceso y que los individuos tengan la oportunidad de impugnar su estatus legal. Este fallo podría afectar las políticas de inmigración de EE.UU. y la forma en que el gobierno y los defensores de derechos humanos abordan los desplazamientos de migrantes.