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El Supremo de EE.UU. desestima petición de Trump para anular 20.000 votos en California
La corte validó el conteo de boletas por correo un día antes de las elecciones de mitad de mandato.
Publicado: 3 de noviembre de 2026, 10:16
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha rechazado la solicitud de la Administración Trump para anular cerca de 20.000 votos por correo en California un día antes de las elecciones de medio mandato. Esta decisión se produce tras una serie de derrotas judiciales para el gobierno, que había argumentado que esos votos podrían haber sido enviados por personas que no son ciudadanos estadounidenses.
La solicitud del Departamento de Justicia de EE.UU. había sido presentada como una medida de emergencia, pidiendo una orden para que California separara las boletas cuestionadas hasta que se verificara la ciudadanía de los votantes. Sin embargo, tanto un juez federal como un tribunal de apelaciones ya habían denegado previamente la solicitud, señalando que el método utilizado para identificar a los votantes potencialmente ilegales era poco fiable y que su implementación podría comprometer el derecho al voto de ciudadanos estadounidenses.
El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito había dictaminado que la Constitución otorga a los estados la autoridad para manejar sus propios procesos electorales, y que cualquier intento de alterar esos sistemas debía ser planteado ante el Congreso, no ante los tribunales. En este sentido, el juez David Carter, quien juzgó uno de los casos, advirtió que forzar a California a separar las papeletas podía ocasionar caos en un proceso electoral ya en marcha.
California, que cuenta con 23 millones de votantes registrados y es un estado predominantemente demócrata, había comenzado a procesar las boletas a principios de octubre. Las autoridades electorales del estado expresaron que sería logísticamente imposible localizar y separar las papeletas impugnadas, y así lo manifestaron en sus respuestas a los requerimientos del Departamento de Justicia.
El fallo del Tribunal Supremo, emitido sin una explicación formal y en un contexto de urgencia, determina que el Ejecutivo no puede interferir en el recuento de votos establecidos por un estado. Esta decisión reafirma el principio constitucional que asigna a cada estado la responsabilidad de organizar sus elecciones sin interferencia federal.
El gobernador de California, Gavin Newsom, expresó su firme oposición a los intentos de la Administración Trump, describiendo su solicitud como un acto de desesperación con el fin de socavar el canal electoral. Newsom también ha advertido que cualquier intento de interferir en el proceso electoral podría resultar en cargos criminales por parte de las autoridades estatales.
Mientras, el contexto electoral de las elecciones de mitad de mandato queda cargado de tensión, siendo este un momento crítico para el control del Congreso. Con encuestas sugiriendo una posible victoria demócrata, los intentos de la Administración Trump de cuestionar la legitimidad de las boletas y el proceso electoral se han intensificado en el marco de una narrativa centrada en el fraude electoral, a pesar de la escasez de pruebas.
Diversos análisis han demostrado que casos de fraude electoral son excepcionales en EE.UU., lo que contrasta con las afirmaciones repetidas de la Administración Trump acerca de la existencia de prácticas ilegales generalizadas en el voto por correo.
Este revés judicial representa un nuevo desafío para la estrategia electoral de Trump, quien había buscado establecer un precedente en el manejo federal de las elecciones locales. La decisión del Supremo cierra el capítulo legal en este caso justo antes de las elecciones, permitiendo que el conteo de votos continúe sin interrupciones en California.
La solicitud del Departamento de Justicia de EE.UU. había sido presentada como una medida de emergencia, pidiendo una orden para que California separara las boletas cuestionadas hasta que se verificara la ciudadanía de los votantes. Sin embargo, tanto un juez federal como un tribunal de apelaciones ya habían denegado previamente la solicitud, señalando que el método utilizado para identificar a los votantes potencialmente ilegales era poco fiable y que su implementación podría comprometer el derecho al voto de ciudadanos estadounidenses.
El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito había dictaminado que la Constitución otorga a los estados la autoridad para manejar sus propios procesos electorales, y que cualquier intento de alterar esos sistemas debía ser planteado ante el Congreso, no ante los tribunales. En este sentido, el juez David Carter, quien juzgó uno de los casos, advirtió que forzar a California a separar las papeletas podía ocasionar caos en un proceso electoral ya en marcha.
California, que cuenta con 23 millones de votantes registrados y es un estado predominantemente demócrata, había comenzado a procesar las boletas a principios de octubre. Las autoridades electorales del estado expresaron que sería logísticamente imposible localizar y separar las papeletas impugnadas, y así lo manifestaron en sus respuestas a los requerimientos del Departamento de Justicia.
El fallo del Tribunal Supremo, emitido sin una explicación formal y en un contexto de urgencia, determina que el Ejecutivo no puede interferir en el recuento de votos establecidos por un estado. Esta decisión reafirma el principio constitucional que asigna a cada estado la responsabilidad de organizar sus elecciones sin interferencia federal.
El gobernador de California, Gavin Newsom, expresó su firme oposición a los intentos de la Administración Trump, describiendo su solicitud como un acto de desesperación con el fin de socavar el canal electoral. Newsom también ha advertido que cualquier intento de interferir en el proceso electoral podría resultar en cargos criminales por parte de las autoridades estatales.
Mientras, el contexto electoral de las elecciones de mitad de mandato queda cargado de tensión, siendo este un momento crítico para el control del Congreso. Con encuestas sugiriendo una posible victoria demócrata, los intentos de la Administración Trump de cuestionar la legitimidad de las boletas y el proceso electoral se han intensificado en el marco de una narrativa centrada en el fraude electoral, a pesar de la escasez de pruebas.
Diversos análisis han demostrado que casos de fraude electoral son excepcionales en EE.UU., lo que contrasta con las afirmaciones repetidas de la Administración Trump acerca de la existencia de prácticas ilegales generalizadas en el voto por correo.
Este revés judicial representa un nuevo desafío para la estrategia electoral de Trump, quien había buscado establecer un precedente en el manejo federal de las elecciones locales. La decisión del Supremo cierra el capítulo legal en este caso justo antes de las elecciones, permitiendo que el conteo de votos continúe sin interrupciones en California.