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El Supremo confirma cinco años de prisión a Alfonso Rus por contrataciones irregulares
La sentencia ratifica la misma pena para Marcos Benavent y Máximo Caturla, pero absuelve a una trabajadora de Ciegsa.
Publicado: 18 de noviembre de 2026, 16:13
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a cinco años de prisión y 14 de inhabilitación especial para empleo o cargo público del expresidente de la Diputación de Valencia y dirigente del PP Alfonso Rus por las contrataciones irregulares en las empresas públicas Imelsa y Ciegsa. La resolución hace firme su condena por delitos continuados de malversación, prevaricación y falsedad.
El tribunal ratifica las mismas penas y delitos para el exgerente de Imelsa Marcos Benavent y el exconsejero delegado de Ciegsa Máximo Guillermo Caturla. La causa, conocida como la pieza de los «zombis» del caso Taula o Imelsa, examinó contratos de personas que cobraban sin trabajar para las empresas o realizaban tareas que no correspondían a sus puestos.
El Supremo confirma en lo esencial la sentencia dictada el 13 de noviembre de 2023 por la Audiencia Provincial de Valencia, que condenó a 19 acusados y absolvió a otros seis por hechos relacionados con contrataciones entre 2004 y 2015. La Audiencia absolvió a Rus, Benavent y Caturla del delito de pertenencia a organización criminal. Para los demás condenados impuso penas que iban desde cuatro meses de suspensión para empleo o cargo público hasta cuatro años y cuatro meses de prisión y 17 años y seis meses de inhabilitación, con la atenuante de dilaciones indebidas.
Nueve condenados recurrieron al Supremo, que ha desestimado íntegramente siete recursos, entre ellos los de Rus y Benavent. El tribunal estima por completo el de una trabajadora que trabajaba para el gabinete de prensa de la Conselleria y para Ciegsa y la absuelve, lo que reduce la responsabilidad civil que los condenados deben abonar a la empresa pública.
La sala considera que no se ha acreditado que se incumpliera un proceso selectivo establecido, que la trabajadora dejara de realizar las tareas para las que fue contratada o que causara un perjuicio patrimonial a Ciegsa. Señala que trabajaba tanto para la empresa como para la Conselleria y que, por una decisión política o administrativa, estas actividades estaban centralizadas en la Conselleria, por lo que su puesto no se encontraba físicamente en la sede de Ciegsa.
La sentencia incorpora un voto particular del ponente, el magistrado Eduardo de Porres, uno de los cinco miembros del tribunal, que defiende la absolución de Benavent y de la exdirectora de Recursos Humanos de Imelsa María Gracia Escrihuela.
Según los hechos que la Audiencia consideró probados, las contrataciones se efectuaron sin procesos de selección basados en los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad y, en muchos casos, no respondían a una necesidad real de las empresas. Algunas se hicieron por la vinculación de los contratados con el PP o por amistad con Máximo Caturla o con otros miembros del partido. Algunos empleados nunca prestaron servicios para las empresas, pese a lo cual se firmaron certificados para dar apariencia de legalidad a sus contratos.
La Audiencia consideró acreditado que Rus influyó en al menos dos contrataciones de Imelsa. El Supremo destaca su posición como presidente de la Diputación y del PP provincial desde 2004 y aprecia prueba suficiente de que ordenó contratar a Miguel Mullor Doménech, jugador del equipo de fútbol de Xàtiva que presidía. El Supremo también señala que Rus tenía ascendiente sobre quien ordenó una contratación, realizada por filiación política.
El Supremo recuerda que un informe de la Intervención General del Estado y declaraciones de testigos acreditaron que no existía un procedimiento reglado de contratación ni una relación de puestos de trabajo. Los testimonios también señalaron que no había control de presencia de los asesores y que numerosos trabajadores estaban cedidos a otras empresas.
Benavent reconoció en el juicio que firmó todos los contratos de Imelsa, aunque negó que Rus o el jefe de gabinete Emilio Llopis le hubieran ordenado las contrataciones por interés personal o del PP. El Supremo señala que en su declaración sumarial había dicho lo contrario y detallado las circunstancias de cada contrato.
El tribunal también avala el uso como prueba de las grabaciones que Benavent realizó en secreto y que dieron origen al proceso. Las defensas habían cuestionado su incorporación, pero la Audiencia consideró que las copias procedían del disco duro de Benavent y que los testigos negaron haber alterado los archivos. El Supremo señala que no se aportó prueba de manipulación y que un informe pericial ratificado en el juicio acreditó que los audios examinados eran idénticos a los entregados a la Fiscalía y después al juzgado. Añade que la grabación de una conversación privada por uno de sus interlocutores no vulnera el secreto de las comunicaciones en las circunstancias de este caso.
Imelsa, Impulso Económico Local, pertenecía íntegramente a la Diputación de Valencia. Ciegsa, Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, era una empresa de capital íntegramente público dependiente de la Conselleria de Cultura y Educación y dedicada a la construcción de colegios.
Es la primera condena confirmada para Rus, a quien la Audiencia absolvió en otra pieza de Taula relativa a un servicio de centro de llamadas adjudicado por Imelsa. Benavent, que se había autodenominado «yonqui del dinero», ya cumple prisión por otra condena firme de la macrocausa en el centro penitenciario Antonio Asunción de Picassent.
El tribunal ratifica las mismas penas y delitos para el exgerente de Imelsa Marcos Benavent y el exconsejero delegado de Ciegsa Máximo Guillermo Caturla. La causa, conocida como la pieza de los «zombis» del caso Taula o Imelsa, examinó contratos de personas que cobraban sin trabajar para las empresas o realizaban tareas que no correspondían a sus puestos.
El Supremo confirma en lo esencial la sentencia dictada el 13 de noviembre de 2023 por la Audiencia Provincial de Valencia, que condenó a 19 acusados y absolvió a otros seis por hechos relacionados con contrataciones entre 2004 y 2015. La Audiencia absolvió a Rus, Benavent y Caturla del delito de pertenencia a organización criminal. Para los demás condenados impuso penas que iban desde cuatro meses de suspensión para empleo o cargo público hasta cuatro años y cuatro meses de prisión y 17 años y seis meses de inhabilitación, con la atenuante de dilaciones indebidas.
Nueve condenados recurrieron al Supremo, que ha desestimado íntegramente siete recursos, entre ellos los de Rus y Benavent. El tribunal estima por completo el de una trabajadora que trabajaba para el gabinete de prensa de la Conselleria y para Ciegsa y la absuelve, lo que reduce la responsabilidad civil que los condenados deben abonar a la empresa pública.
La sala considera que no se ha acreditado que se incumpliera un proceso selectivo establecido, que la trabajadora dejara de realizar las tareas para las que fue contratada o que causara un perjuicio patrimonial a Ciegsa. Señala que trabajaba tanto para la empresa como para la Conselleria y que, por una decisión política o administrativa, estas actividades estaban centralizadas en la Conselleria, por lo que su puesto no se encontraba físicamente en la sede de Ciegsa.
La sentencia incorpora un voto particular del ponente, el magistrado Eduardo de Porres, uno de los cinco miembros del tribunal, que defiende la absolución de Benavent y de la exdirectora de Recursos Humanos de Imelsa María Gracia Escrihuela.
Según los hechos que la Audiencia consideró probados, las contrataciones se efectuaron sin procesos de selección basados en los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad y, en muchos casos, no respondían a una necesidad real de las empresas. Algunas se hicieron por la vinculación de los contratados con el PP o por amistad con Máximo Caturla o con otros miembros del partido. Algunos empleados nunca prestaron servicios para las empresas, pese a lo cual se firmaron certificados para dar apariencia de legalidad a sus contratos.
La Audiencia consideró acreditado que Rus influyó en al menos dos contrataciones de Imelsa. El Supremo destaca su posición como presidente de la Diputación y del PP provincial desde 2004 y aprecia prueba suficiente de que ordenó contratar a Miguel Mullor Doménech, jugador del equipo de fútbol de Xàtiva que presidía. El Supremo también señala que Rus tenía ascendiente sobre quien ordenó una contratación, realizada por filiación política.
El Supremo recuerda que un informe de la Intervención General del Estado y declaraciones de testigos acreditaron que no existía un procedimiento reglado de contratación ni una relación de puestos de trabajo. Los testimonios también señalaron que no había control de presencia de los asesores y que numerosos trabajadores estaban cedidos a otras empresas.
Benavent reconoció en el juicio que firmó todos los contratos de Imelsa, aunque negó que Rus o el jefe de gabinete Emilio Llopis le hubieran ordenado las contrataciones por interés personal o del PP. El Supremo señala que en su declaración sumarial había dicho lo contrario y detallado las circunstancias de cada contrato.
El tribunal también avala el uso como prueba de las grabaciones que Benavent realizó en secreto y que dieron origen al proceso. Las defensas habían cuestionado su incorporación, pero la Audiencia consideró que las copias procedían del disco duro de Benavent y que los testigos negaron haber alterado los archivos. El Supremo señala que no se aportó prueba de manipulación y que un informe pericial ratificado en el juicio acreditó que los audios examinados eran idénticos a los entregados a la Fiscalía y después al juzgado. Añade que la grabación de una conversación privada por uno de sus interlocutores no vulnera el secreto de las comunicaciones en las circunstancias de este caso.
Imelsa, Impulso Económico Local, pertenecía íntegramente a la Diputación de Valencia. Ciegsa, Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, era una empresa de capital íntegramente público dependiente de la Conselleria de Cultura y Educación y dedicada a la construcción de colegios.
Es la primera condena confirmada para Rus, a quien la Audiencia absolvió en otra pieza de Taula relativa a un servicio de centro de llamadas adjudicado por Imelsa. Benavent, que se había autodenominado «yonqui del dinero», ya cumple prisión por otra condena firme de la macrocausa en el centro penitenciario Antonio Asunción de Picassent.