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El Senado solicita al Tribunal Constitucional que obligue al Gobierno a presentar los Presupuestos de 2026
El conflicto de atribuciones entre el Senado y el Gobierno se centra en la falta de presentación de las cuentas públicas para el próximo año.
Publicado: 15 de enero de 2026, 05:05
El Senado ha presentado un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional, instando a que el Gobierno cumpla con la obligación de presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2026. Este conflicto ha surgido por la falta de respuesta del Ejecutivo al requerimiento del Senado, y se sitúa en un contexto político intenso, donde el Partido Popular (PP) ha afirmado que no presentar estos presupuestos es una "anomalía democrática".
Este requerimiento, acordado por el pleno del Senado, no solo busca forzar al Ministerio de Hacienda a presentar los PGE, sino también que el Constitucional establezca un plazo para su entrega y declare nulas las prórrogas que se han realizado desde 2023. La falta de aprobación de presupuestos puede llevar a disoluciones de las Cortes, como ocurrió anteriormente, lo que resalta la gravedad de la situación.
Expertos en derecho constitucional consideran que, aunque es complicado establecer precedentes claros, el Tribunal podría aceptar la petición del Senado debido al evidente incumplimiento de las obligaciones constitucionales del Gobierno. Las consecuencias de este conflicto son significativas, ya que podrían afectar la relación entre el Gobierno y el Parlamento, disminuyendo la confianza de los legisladores en el Ejecutivo.
Este requerimiento, acordado por el pleno del Senado, no solo busca forzar al Ministerio de Hacienda a presentar los PGE, sino también que el Constitucional establezca un plazo para su entrega y declare nulas las prórrogas que se han realizado desde 2023. La falta de aprobación de presupuestos puede llevar a disoluciones de las Cortes, como ocurrió anteriormente, lo que resalta la gravedad de la situación.
Expertos en derecho constitucional consideran que, aunque es complicado establecer precedentes claros, el Tribunal podría aceptar la petición del Senado debido al evidente incumplimiento de las obligaciones constitucionales del Gobierno. Las consecuencias de este conflicto son significativas, ya que podrían afectar la relación entre el Gobierno y el Parlamento, disminuyendo la confianza de los legisladores en el Ejecutivo.