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El sector energético enfrenta tensiones regulatorias: gasistas defienden tarifas mientras eléctricas reclaman millonarias compensaciones
Las empresas de gas y eléctricas presionan a la CNMC por la retribución y el manejo de incertidumbres económicas, lo que podría impactar a los consumidores.
Publicado: 28 de agosto de 2025, 06:53
En el contexto de un sector energético cada vez más tenso, las empresas gasistas y eléctricas están intensificando sus esfuerzos para influir en la regulación de tarifas ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Las gasistas, representadas principalmente por Sedigas, están armando una defensa sólida de sus tarifas reguladas, sufriendo una creciente presión por parte de las eléctricas que argumentan que su retribución debe ser superior para fomentar la descarbonización.
Por otro lado, las eléctricas se benefician del sistema actual, donde la CNMC ha fallado en actualizar un servicio de control de tensión que permite a estas compañías cobrar dinero extra por "restricciones técnicas". Este fallo ha llevado a que las eléctricas reciban casi 2.500 millones de euros en pagos extraordinarios en lo que va del año, mediante un mecanismo que prioriza el uso del gas en lugar de energías renovables. Este costo total por estas restricciones técnicas superará los 3.000 millones de euros durante el año 2025, marcando un récord histórico en la compensación económica a las eléctricas debido a deficiencias en el control de la red eléctrica. La CNMC reconoce que estos problemas de control de tensión han persistido desde 2019 y, a pesar de ello, ha tardado en abordar las reformas necesarias, lo que ha llevado a una situación donde las eléctricas se benefician desproporcionadamente. La dinámica entre las gasistas y eléctricas ilustra un conflicto de intereses en el que ambos sectores intentan asegurar su viabilidad económica en un entorno de creciente escrutinio regulatorio.
La asociación de gasistas, Sedigas, ha decidido contratar a PwC (PricewaterhouseCoopers) para apoyar la defensa de sus tarifas reguladas, ante la inminente revisión de la regulación que la CNMC debe abordar en otoño. También buscan presentar argumentos sólidos sobre la comparativa de retribución entre ambos sectores, enfatizando que su propia retribución asume más riesgos, dado que está vinculada a la demanda de gas. La competencia por una retribución adecuada se intensifica a medida que ambos sectores se preparan para presentar sus argumentos, siendo el próximo otoño un periodo decisivo para ambos. Las decisiones que se tomen podrían influir no solo en el resultado de la batalla tarifaria, sino también en la dirección futura de la política energética en España.
Por otro lado, las eléctricas se benefician del sistema actual, donde la CNMC ha fallado en actualizar un servicio de control de tensión que permite a estas compañías cobrar dinero extra por "restricciones técnicas". Este fallo ha llevado a que las eléctricas reciban casi 2.500 millones de euros en pagos extraordinarios en lo que va del año, mediante un mecanismo que prioriza el uso del gas en lugar de energías renovables. Este costo total por estas restricciones técnicas superará los 3.000 millones de euros durante el año 2025, marcando un récord histórico en la compensación económica a las eléctricas debido a deficiencias en el control de la red eléctrica. La CNMC reconoce que estos problemas de control de tensión han persistido desde 2019 y, a pesar de ello, ha tardado en abordar las reformas necesarias, lo que ha llevado a una situación donde las eléctricas se benefician desproporcionadamente. La dinámica entre las gasistas y eléctricas ilustra un conflicto de intereses en el que ambos sectores intentan asegurar su viabilidad económica en un entorno de creciente escrutinio regulatorio.
La asociación de gasistas, Sedigas, ha decidido contratar a PwC (PricewaterhouseCoopers) para apoyar la defensa de sus tarifas reguladas, ante la inminente revisión de la regulación que la CNMC debe abordar en otoño. También buscan presentar argumentos sólidos sobre la comparativa de retribución entre ambos sectores, enfatizando que su propia retribución asume más riesgos, dado que está vinculada a la demanda de gas. La competencia por una retribución adecuada se intensifica a medida que ambos sectores se preparan para presentar sus argumentos, siendo el próximo otoño un periodo decisivo para ambos. Las decisiones que se tomen podrían influir no solo en el resultado de la batalla tarifaria, sino también en la dirección futura de la política energética en España.