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El Salvador sienta las bases para el juicio masivo de pandilleros mientras más de 200 ya enfrentan condenas severas
El régimen de excepción permite procesar a miles de miembros de la MS13, desatando críticas sobre derechos humanos y creación de audiencias masivas.
Publicado: 24 de enero de 2026, 13:32
En El Salvador, la lucha del gobierno contra las pandillas, específicamente la Mara Salvatrucha (MS13), ha alcanzado un nuevo nivel con la implementación de un régimen de excepción que ha permitido la captura y procesamiento de miles de supuestos pandilleros. Recientemente, diferentes tribunales han procesado a más de 200 miembros de esta pandilla, con 17 individuos condenados a penas de hasta 130 años de prisión por delitos gruesos como homicidio y desaparición de personas.
La situación se ha tornado crítica después de un alto número de homicidios a finales de marzo de 2022, lo que llevó al gobierno a establecer un régimen donde se suspenden gran parte de los derechos de los acusados. Este régimen permite la detención de más de 90,000 personas supuestamente vinculadas a estructuras criminales. Sin embargo, la implementación de este régimen ha suscitado críticas, ya que muchos juicios se realizan de manera masiva y sin las garantías legales necesarias.
Una nueva modalidad de audiencia ha sido introducida para juzgar a otros 58 presuntos pandilleros, permitiendo un juicio colectivo. Aunque busca acelerar los procesos judiciales, también genera preocupaciones sobre el respeto a las garantías constitucionales, incluyendo el derecho a la defensa. La administración del presidente Nayib Bukele justifica estas reformas para mantener su popularidad, a pesar de las voces en contra que alertan sobre las condiciones inadecuadas y juicios sin los debidos procesos legales.
La situación se ha tornado crítica después de un alto número de homicidios a finales de marzo de 2022, lo que llevó al gobierno a establecer un régimen donde se suspenden gran parte de los derechos de los acusados. Este régimen permite la detención de más de 90,000 personas supuestamente vinculadas a estructuras criminales. Sin embargo, la implementación de este régimen ha suscitado críticas, ya que muchos juicios se realizan de manera masiva y sin las garantías legales necesarias.
Una nueva modalidad de audiencia ha sido introducida para juzgar a otros 58 presuntos pandilleros, permitiendo un juicio colectivo. Aunque busca acelerar los procesos judiciales, también genera preocupaciones sobre el respeto a las garantías constitucionales, incluyendo el derecho a la defensa. La administración del presidente Nayib Bukele justifica estas reformas para mantener su popularidad, a pesar de las voces en contra que alertan sobre las condiciones inadecuadas y juicios sin los debidos procesos legales.