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El Salvador intensifica su lucha contra las pandillas con juicios masivos y condenas ejemplares a miembros de la MS13

Más de 200 pandilleros condenados a largas penas de prisión mientras el gobierno adopta un modelo de audiencia abierta para nuevos juicios.

Publicado: 26 de enero de 2026, 15:32

En el contexto de una dura batalla contra las pandillas, el gobierno de El Salvador ha intensificado sus esfuerzos en el procesamiento de miembros de la Mara Salvatrucha (MS13), con más de 200 pandilleros condenados, de los cuales 17 han sido sentenciados a 130 años de prisión por el homicidio y desaparición de dos hermanos en diciembre de 2021, según la Fiscalía General de la República (FGR). Estas condenas se dictaron por delitos graves, en un marco de régimen de excepción desde marzo de 2022, mientras la Fiscalía General ha procesado a pandilleros por homicidios, extorsiones y feminicidios entre 2014 y 2022.

Paralelamente, se ha introducido un nuevo modelo de audiencia abierta para juzgar de manera masiva a acusados. Recientemente, se llevó a cabo una audiencia única abierta contra 58 supuestos pandilleros en el departamento de Chalatenango, donde se les procesó bajo cargos de organizaciones terroristas y otros delitos. Este modelo busca agilidad en los procesos judiciales, pero ha generado preocupaciones por parte de organizaciones de derechos humanos sobre el debido proceso, con críticas respecto a cómo el régimen de excepción afecta las garantías constitucionales.

Aunque el gobierno sostiene que estas medidas son necesarias para combatir la violencia pandilleril, la polémica persiste en torno a la validez de los juicios y las potenciales violaciones de derechos humanos. Según la FGR, se han procesado 214 miembros de la MS13 por múltiples delitos, incluyendo homicidios agravados y extorsión. El régimen de excepción, que ha dejado más de 90.000 personas detenidas, se aprobó tras el asesinato de más de ochenta personas en un solo fin de semana a finales de marzo de 2022, lo que ha generado amplias críticas y debate en la agenda política salvadoreña.

Esta medida se convirtió en la principal estrategia del Gobierno contra las pandillas, y le permitió al presidente Nayib Bukele obtener su reelección inmediata para un segundo mandato, a pesar de la prohibición constitucional, manteniendo además un alto nivel de aprobación entre los salvadoreños.