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El Salvador aprueba reforma constitucional que permite la reelección presidencial indefinida en un contexto de creciente control político
La Asamblea Legislativa, dominada por Nuevas Ideas, modifica la Constitución para extender el mandato y eliminar la segunda vuelta electoral.
Publicado: 1 de agosto de 2025, 06:40
La Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada por el partido oficialista Nuevas Ideas, ha ratificado una reforma constitucional que habilita la reelección presidencial indefinida del jefe de Estado, Nayib Bukele, generando controversia y críticas por parte de la oposición. La enmienda, aprobada con 57 votos de los 60 diputados, modifica varios artículos de la Constitución, extendiendo el mandato presidencial de cinco a seis años y eliminando la segunda vuelta electoral.
La reforma constitucional, que incluye cambios en los artículos 75, 80, 133, 152 y 154, ha sido promovida bajo el argumento de que busca darle mayor poder a la ciudadanía y reducir la frecuencia de campañas electorales. Sin embargo, varios diputados de la oposición han calificado esta acción como un ataque frontal a la democracia, con la diputada Marcela Villatoro del partido ARENA, en particular, afirmando que "hoy ha muerto la democracia en El Salvador" y que los legisladores "han hecho una confesión pública de matar la democracia disfrazada de legalidad". Este cambio se produce en un clima político marcado por el control de Bukele sobre diversas instituciones del país.
Con la nueva legislación, Bukele podría postularse nuevamente en las elecciones de 2027, aún cuando su actual período no concluya hasta 2029. Asimismo, se ha establecido una disposición transitoria para permitir que el nuevo periodo presidencial coincida con los comicios legislativos y municipales, ajustando el mandato actual que culminaría en 2029 a 2027.
La controversia y las críticas continúan surgiendo en torno a esta reforma, lo que pone de relieve las tensiones en la política salvadoreña y la percepción de un futuro incierto para la democracia en el país. La reforma ha sido aprobada en un contexto de creciente represión política, con recientes arrestos de opositores y activistas que han suscitado las preocupaciones de organizaciones internacionales sobre el respeto a los derechos humanos en El Salvador. En este sentido, Human Rights Watch y otros organismos han acusado al gobierno de Bukele de intensificar su control autoritario sobre la sociedad civil. La ratificación de esta reforma se ha producido con un sólido respaldo legislativo, ya que Nuevas Ideas, junto a sus socios, lograron los votos necesarios para modificar la Constitución en una sesión que se caracterizó por la ausencia de debate previo. La diputada oficialista Ana Figueroa, promotora de las reformas, defendió que la reelección está históricamente arraigada en el sistema político salvadoreño, mientras que la oposición mantiene una postura de rechazo absoluto, advirtiendo que estas decisiones representan un “golpe de Estado silencioso”.
La reforma constitucional, que incluye cambios en los artículos 75, 80, 133, 152 y 154, ha sido promovida bajo el argumento de que busca darle mayor poder a la ciudadanía y reducir la frecuencia de campañas electorales. Sin embargo, varios diputados de la oposición han calificado esta acción como un ataque frontal a la democracia, con la diputada Marcela Villatoro del partido ARENA, en particular, afirmando que "hoy ha muerto la democracia en El Salvador" y que los legisladores "han hecho una confesión pública de matar la democracia disfrazada de legalidad". Este cambio se produce en un clima político marcado por el control de Bukele sobre diversas instituciones del país.
Con la nueva legislación, Bukele podría postularse nuevamente en las elecciones de 2027, aún cuando su actual período no concluya hasta 2029. Asimismo, se ha establecido una disposición transitoria para permitir que el nuevo periodo presidencial coincida con los comicios legislativos y municipales, ajustando el mandato actual que culminaría en 2029 a 2027.
La controversia y las críticas continúan surgiendo en torno a esta reforma, lo que pone de relieve las tensiones en la política salvadoreña y la percepción de un futuro incierto para la democracia en el país. La reforma ha sido aprobada en un contexto de creciente represión política, con recientes arrestos de opositores y activistas que han suscitado las preocupaciones de organizaciones internacionales sobre el respeto a los derechos humanos en El Salvador. En este sentido, Human Rights Watch y otros organismos han acusado al gobierno de Bukele de intensificar su control autoritario sobre la sociedad civil. La ratificación de esta reforma se ha producido con un sólido respaldo legislativo, ya que Nuevas Ideas, junto a sus socios, lograron los votos necesarios para modificar la Constitución en una sesión que se caracterizó por la ausencia de debate previo. La diputada oficialista Ana Figueroa, promotora de las reformas, defendió que la reelección está históricamente arraigada en el sistema político salvadoreño, mientras que la oposición mantiene una postura de rechazo absoluto, advirtiendo que estas decisiones representan un “golpe de Estado silencioso”.