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El Reino Unido admite su error tras filtrar datos que pusieron en riesgo la vida de miles de afganos colaboradores
El gobierno británico ha comenzado una operación de reubicación secreta tras la filtración que compromete la seguridad de 100.000 afganos.
Publicado: 16 de julio de 2025, 20:11
El gobierno británico ha enfrentado serias consecuencias tras admitir que un error en el manejo de datos por parte de un soldado llevó a la filtración de información de miles de afganos que colaboraron con las fuerzas británicas. Este fallo ha puesto en peligro la vida de al menos 100.000 personas. El ministro de Defensa, John Healey, explicó que la filtración ocurrió cuando un royal marine envió erróneamente una hoja de cálculo con los datos de cerca de 19.000 afganos solicitantes de protección a través de un canal no seguro.
El gobierno anterior, liderado por conservadores, estableció un programa secreto en respuesta a la crisis. Aunque alrededor de 16.000 afganos han sido reubicados, miles más continúan en peligro. A la fecha, el programa ha costado más de 400 millones de libras, y se estima que el total podría ascender a cerca de 850 millones. Recientemente, se levantó una orden judicial que mantenía en secreto los detalles de la filtración y las acciones del gobierno, permitiendo mayor visibilidad a la situación y generando críticas sobre la falta de transparencia.
A medida que se avanza en la reubicación, hay interés por parte de abogados que representan a potenciales demandantes contra el gobierno por negligencia en el manejo de datos personales. Aunque se han tomado algunas medidas, el proceso avanza en un camino complicado y lleno de desafíos tanto logísticos como éticos.
El gobierno anterior, liderado por conservadores, estableció un programa secreto en respuesta a la crisis. Aunque alrededor de 16.000 afganos han sido reubicados, miles más continúan en peligro. A la fecha, el programa ha costado más de 400 millones de libras, y se estima que el total podría ascender a cerca de 850 millones. Recientemente, se levantó una orden judicial que mantenía en secreto los detalles de la filtración y las acciones del gobierno, permitiendo mayor visibilidad a la situación y generando críticas sobre la falta de transparencia.
A medida que se avanza en la reubicación, hay interés por parte de abogados que representan a potenciales demandantes contra el gobierno por negligencia en el manejo de datos personales. Aunque se han tomado algunas medidas, el proceso avanza en un camino complicado y lleno de desafíos tanto logísticos como éticos.