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El proceso judicial contra el fiscal general se complica ante la falta de pruebas concluyentes
Las comisiones rogatorias para recuperar datos de Google y WhatsApp no arrojan resultados, mientras el juez Hurtado se prepara para decidir sobre el futuro de la investigación.
Publicado: 1 de mayo de 2025, 18:18
El Tribunal Supremo se enfrenta a un momento decisivo en la investigación contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la supuesta filtración de datos sensibles relacionados con la investigación del novio de Isabel Díaz Ayuso. El juez instructor, Ángel Luis Hurtado, ha manifestado que existen indicios suficientes para considerar que García Ortiz pudo haber cometido un delito de revelación de secretos. Sin embargo, el reciente fracaso en las comisiones rogatorias solicitadas para recuperar información a través de Google y WhatsApp ha complicando las posibilidades de obtener pruebas concretas.
La semana pasada, Hurtado esperaba que la información remitida desde Irlanda y Estados Unidos respaldara las acusaciones contra el fiscal, que enfrentaba una serie de cargos relacionados con la gestión de información privilegiada. No obstante, las carpetas enviadas resultaron ser decepcionantes al no contener datos relevantes para la investigación. De hecho, de más de 100 correos electrónicos analizados, solo uno tenía relación con el caso en cuestión, lo que suscita la frustración de las partes interesadas y pone en entredicho la posibilidad de avanzar en el proceso.
Después de conocer el resultado de estas gestiones, el juez Hurtado se enfrenta a una decisión crucial: determinar si hay suficientes indicios para mantener el caso contra García Ortiz o si, por el contrario, debe archivar la causa. La situación es compleja; mientras que algunas fuentes ligadas a las acusaciones populares consideran que hay pruebas suficientes para continuar, la Abogacía del Estado y altos funcionarios de la Fiscalía abogan por el archivo de la causa, alegando que no existen pruebas concluyentes.
La semana pasada, Hurtado esperaba que la información remitida desde Irlanda y Estados Unidos respaldara las acusaciones contra el fiscal, que enfrentaba una serie de cargos relacionados con la gestión de información privilegiada. No obstante, las carpetas enviadas resultaron ser decepcionantes al no contener datos relevantes para la investigación. De hecho, de más de 100 correos electrónicos analizados, solo uno tenía relación con el caso en cuestión, lo que suscita la frustración de las partes interesadas y pone en entredicho la posibilidad de avanzar en el proceso.
Después de conocer el resultado de estas gestiones, el juez Hurtado se enfrenta a una decisión crucial: determinar si hay suficientes indicios para mantener el caso contra García Ortiz o si, por el contrario, debe archivar la causa. La situación es compleja; mientras que algunas fuentes ligadas a las acusaciones populares consideran que hay pruebas suficientes para continuar, la Abogacía del Estado y altos funcionarios de la Fiscalía abogan por el archivo de la causa, alegando que no existen pruebas concluyentes.