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El presidente Noboa declara toque de queda en cinco provincias de Ecuador ante el aumento de protestas por los precios del diésel
Las medidas buscan controlar los bloqueos y mantener el orden público mientras las organizaciones indígenas anuncian movilizaciones.
Publicado: 19 de septiembre de 2025, 12:55
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha decretado un toque de queda nocturno en cinco provincias del país en respuesta a las masivas protestas que han surgido debido a la eliminación del subsidio al diésel. Esta medida afecta a las provincias de Carchi, Imbabura, Cotopaxi, Bolívar y Chimborazo y ha sido justificada bajo un estado de excepción que abarca a un total de ocho provincias, en un intento por controlar los bloqueos de carreteras y manifestaciones.
El toque de queda restringe la circulación de personas y vehículos entre las 22:00 y las 5:00 del día siguiente, permitiendo a las fuerzas de seguridad detener a quienes no cumplan con la disposición. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) ha liderado las protestas, exigiendo la restitución del subsidio al diésel, cuyo precio ha aumentado de 1,80 a 2,80 dólares por galón, generando descontento entre agricultores y transportistas.
El estado de excepción, acorde con el Decreto Ejecutivo 146, permite a las fuerzas armadas y policías disolver reuniones que puedan representar una amenaza a la seguridad. A pesar de que el gobierno dice respetar el derecho a la protesta pacífica, han surgido arrestos y tensiones sociales y políticas en el país, con organizaciones de derechos humanos expresando preocupación por el uso de la fuerza pública.
El toque de queda restringe la circulación de personas y vehículos entre las 22:00 y las 5:00 del día siguiente, permitiendo a las fuerzas de seguridad detener a quienes no cumplan con la disposición. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) ha liderado las protestas, exigiendo la restitución del subsidio al diésel, cuyo precio ha aumentado de 1,80 a 2,80 dólares por galón, generando descontento entre agricultores y transportistas.
El estado de excepción, acorde con el Decreto Ejecutivo 146, permite a las fuerzas armadas y policías disolver reuniones que puedan representar una amenaza a la seguridad. A pesar de que el gobierno dice respetar el derecho a la protesta pacífica, han surgido arrestos y tensiones sociales y políticas en el país, con organizaciones de derechos humanos expresando preocupación por el uso de la fuerza pública.