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El presidente interino de Perú, José Jerí, decreta estado de emergencia en Lima y Callao por el incremento de la delincuencia organizada
La medida se implementará durante 30 días, con la suspensión de derechos fundamentales, ante el aumento de homicidios y movilizaciones sociales.
Publicado: 22 de octubre de 2025, 06:41
El presidente interino de Perú, José Jerí, ha declarado un estado de emergencia en Lima y Callao, medida que entrará en vigor durante 30 días en respuesta a un aumento alarmante de la delincuencia y violencia en el país. En su discurso, Jerí destacó el impacto profundo que este fenómeno tiene en las familias y la economía, además de presentar un nuevo enfoque para combatir el crimen que incluye un despliegue militar para apoyar a la Policía Nacional.
Este estado de emergencia permite la suspensión de derechos fundamentales como la inviolabilidad del hogar y la libertad de reunión, respondiendo a un contexto de crecientes protestas en desacuerdo con las políticas del gobierno y la inseguridad ciudadana. A pesar de esta medida, hay escepticismo en la población sobre la efectividad de estas acciones, dada la ineficacia de medidas similares en el pasado y un registro preocupante de homicidios.
Las protestas han aumentado considerablemente, reflejando la insatisfacción con la respuesta del gobierno ante la delincuencia y la crisis social. En las últimas semanas, más de 200 personas han resultado heridas en estas manifestaciones, las cuales han sido lideradas mayoritariamente por jóvenes de la llamada 'Generación Z'. La incertidumbre creada por el contexto de crisis y la reciente destitución de la exmandataria Dina Boluarte ha intensificado un clima de movilizaciones. La violencia ha llevado a un balance trágico de al menos 47 conductores de autobús muertos desde enero hasta octubre de 2025 a manos de pistoleros, un reflejo alarmante de la situación que enfrenta el país. La implementación del estado de emergencia busca restaurar la seguridad, aunque su aplicabilidad y el potencial impacto en los derechos civiles serán objeto de análisis a medida que avance la situación. Según el Sistema de Información de Defunciones (Sinadef), en el trimestre de julio-agosto-septiembre hubo 575 homicidios en Perú, la cifra más alta de 2025, después de alcanzar un pico de 580 homicidios en el último trimestre de 2024.
Este estado de emergencia permite la suspensión de derechos fundamentales como la inviolabilidad del hogar y la libertad de reunión, respondiendo a un contexto de crecientes protestas en desacuerdo con las políticas del gobierno y la inseguridad ciudadana. A pesar de esta medida, hay escepticismo en la población sobre la efectividad de estas acciones, dada la ineficacia de medidas similares en el pasado y un registro preocupante de homicidios.
Las protestas han aumentado considerablemente, reflejando la insatisfacción con la respuesta del gobierno ante la delincuencia y la crisis social. En las últimas semanas, más de 200 personas han resultado heridas en estas manifestaciones, las cuales han sido lideradas mayoritariamente por jóvenes de la llamada 'Generación Z'. La incertidumbre creada por el contexto de crisis y la reciente destitución de la exmandataria Dina Boluarte ha intensificado un clima de movilizaciones. La violencia ha llevado a un balance trágico de al menos 47 conductores de autobús muertos desde enero hasta octubre de 2025 a manos de pistoleros, un reflejo alarmante de la situación que enfrenta el país. La implementación del estado de emergencia busca restaurar la seguridad, aunque su aplicabilidad y el potencial impacto en los derechos civiles serán objeto de análisis a medida que avance la situación. Según el Sistema de Información de Defunciones (Sinadef), en el trimestre de julio-agosto-septiembre hubo 575 homicidios en Perú, la cifra más alta de 2025, después de alcanzar un pico de 580 homicidios en el último trimestre de 2024.