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El PP impulsa una reforma del Código Penal para despenalizar el corte de suministros en viviendas okupadas en España
La propuesta busca dar herramientas legales a los propietarios frente al aumento de ocupaciones y ha generado controversia en el debate político.
Publicado: 18 de noviembre de 2025, 21:39
El Partido Popular ha aprovechado su mayoría en el Senado para presentar una reforma del Código Penal que permitiría a los propietarios de inmuebles ocupados cortar los suministros de agua, luz y gas sin incurrir en el delito de coacciones. Esta medida surge ante el estancamiento de la Ley Antiokupación en el Congreso y responde al incremento de los casos de usurpación, que han aumentado un 7,4% en 2024, con un total de 16,426 denuncias. Cataluña se destaca como la comunidad más afectada, concentrando el 42% de los casos.
La reforma se basa en un precedente judicial que permite a los propietarios cortar suministros en casos de ocupación ilegal, reforzando la postura del PP sobre la okupación como una violación de derechos de propiedad. La votación en el Senado está programada para este miércoles, y aunque se espera que el PP logre la aprobación, el proyecto también deberá ser validado en el Congreso, donde los votos de otros partidos serán cruciales.
El gobierno ha minimizado el problema de la okupación, argumentando que no representa una amenaza significativa. Esta divergencia de opiniones entre el PP y el gobierno destaca la controversia en torno a la reforma y el enfoque hacia la protección de los derechos de los propietarios en el actual contexto social y político.
La reforma se basa en un precedente judicial que permite a los propietarios cortar suministros en casos de ocupación ilegal, reforzando la postura del PP sobre la okupación como una violación de derechos de propiedad. La votación en el Senado está programada para este miércoles, y aunque se espera que el PP logre la aprobación, el proyecto también deberá ser validado en el Congreso, donde los votos de otros partidos serán cruciales.
El gobierno ha minimizado el problema de la okupación, argumentando que no representa una amenaza significativa. Esta divergencia de opiniones entre el PP y el gobierno destaca la controversia en torno a la reforma y el enfoque hacia la protección de los derechos de los propietarios en el actual contexto social y político.