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El Parlamento israelí avanza en la controvertida ley de pena de muerte para palestinos acusados de terrorismo.

La iniciativa, respaldada por Netanyahu, se discute en medio de tensiones políticas y sociales en el país.

Publicado: 3 de noviembre de 2025, 20:40

En Israel, el Parlamento está avanzando en un controversial proyecto de ley que permitiría aplicar la pena de muerte a palestinos condenados por asesinatos motivados por nacionalismo. Impulsada por el partido de extrema derecha Poder Judío, liderado por el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben Gvir, la propuesta ha cobrado fuerza tras el respaldo del primer ministro Benjamin Netanyahu y fue aprobada en primera lectura por una comisión parlamentaria el 3 de noviembre de 2025. Se espera que sea debatida en el pleno del Knéset en los próximos días.


La legislación busca permitir la aplicación de la pena capital a aquellos que asesinen a ciudadanos israelíes por motivos de odio o racismo, estableciendo que esta sea la única sentencia posible. Ben Gvir y otros defensores de la ley argumentan que esta medida funcionará como un fuerte elemento disuasorio para prevenir el terrorismo. No obstante, el proyecto ha sido ampliamente criticado, incluso por el Gobierno palestino que lo ha calificado de "crimen de guerra" y una forma de extremismo que perpetúa la violencia contra el pueblo palestino. Estos críticos resaltan que la medida no se aplicaría de igual manera a israelíes condenados por el asesinato de palestinos.


El grupo Hamas ha condenado la propuesta, demandando medidas internacionales para supervisar las condiciones en que son detenidos los palestinos en Israel. Además, el coordinador israelí para rehenes y personas desaparecidas, Gal Hirsch, ha expresado su apoyo al proyecto, destacando que representa otro paso hacia la “justicia histórica” prometida por el gobierno. La votación del proyecto de ley no solo representa un cambio en el enfoque hacia el terrorismo, sino que también refleja divisiones profundas dentro de la política israelí, donde la presión para adoptar medidas más severas ha crecido significativamente en los últimos meses. El texto permite que la pena de muerte pueda ser impuesta por un tribunal militar con mayoría simple y excluye cualquier posibilidad de apelación, lo que ha generado aún más controversia sobre su legitimidad y respeto a los derechos humanos.