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El Parlament reformará su reglamento para sancionar los discursos de odio
Los grupos PSC, Junts, ERC, Comuns y CUP impulsan un régimen sancionador detallado.
Publicado: 29 de julio de 2026, 19:39
El Parlament de Catalunya está avanzando en la reforma de su reglamento con el objetivo de establecer un régimen sancionador más claro y efectivo respecto a los discursos de odio que puedan emerger en el debate parlamentario. Esta iniciativa ha sido impulsada por los grupos PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP, quienes han presentado una proposición de ley que busca definir de manera más precisa las infracciones y las sanciones que les corresponden a los diputados que las cometan.
La propuesta, que ha sido registrada recientemente, responde a una creciente preocupación por el uso de un lenguaje que podría ser considerado ofensivo, discriminatorio o incitador al odio dentro del hemiciclo. En su contenido, la reforma establece que las infracciones se clasificarán en tres categorías: leves, graves y muy graves, lo que permitirá aplicar sanciones de manera proporcional a la gravedad de los hechos.
Entre las infracciones leves se incluyen expresiones inadecuadas o faltas de respeto puntuales, mientras que las graves abarcan conductas reiteradas que puedan vulnerar la dignidad de otros diputados o colectivos. Las infracciones muy graves comprenden situaciones de acoso sistemático o discurso claramente incitador al odio.
Las sanciones varían según la clasificación de la falta, con amonestaciones públicas como la medida más leve. Las infracciones graves pueden llevar multas de entre 600 y 6,000 euros, mientras que las muy graves podrían acarrear multas que oscillan de 6,001 a 12,000 euros y, en algunos casos, restricciones en la participación del diputado en actividades parlamentarias.
El código de conducta de la cámara ya preveía sanciones, pero no tenían un respaldo legal sólido, lo que complicaba su efectividad en caso de recursos judiciales. Con la modificación del reglamento, se busca dotar a estas sanciones de rango legal y garantizar su aplicación. Este aspecto ha sido definido de forma clara en la propuesta, en la que se menciona que se debe encontrar un equilibrio entre la libertad de expresión y el respeto a la dignidad de las personas y los valores democráticos.
El contexto de esta reforma es especialmente relevante tras la amonestación pública que recibió la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, y el portavoz de Vox, Joan Garriga, cuyos comentarios fueron calificados como faltas leves según el código actual. Este incidente evidenció las limitaciones del sistema vigente y ha impulsado la urgencia por una revisión y actualización del marco normativo del Parlament. La mesa del Parlament, tras la recomendación de la Comisión del Estatuto de los Diputados, ha apoyado la necesidad de reformar el reglamento en respuesta a estos recientes episodios de tensión.
La reforma será debatida y, se espera, aprobada en otoño, cuando se restablezca la actividad parlamentaria tras el receso de verano. El objetivo es garantizar un ambiente de diálogo y respeto en el Parlament de Catalunya, al tiempo que se refuerza la credibilidad institucional ante la ciudadanía y se establece un marco que defina con claridad las responsabilidades y los límites de la libre expresión en la esfera política.
La propuesta, que ha sido registrada recientemente, responde a una creciente preocupación por el uso de un lenguaje que podría ser considerado ofensivo, discriminatorio o incitador al odio dentro del hemiciclo. En su contenido, la reforma establece que las infracciones se clasificarán en tres categorías: leves, graves y muy graves, lo que permitirá aplicar sanciones de manera proporcional a la gravedad de los hechos.
Entre las infracciones leves se incluyen expresiones inadecuadas o faltas de respeto puntuales, mientras que las graves abarcan conductas reiteradas que puedan vulnerar la dignidad de otros diputados o colectivos. Las infracciones muy graves comprenden situaciones de acoso sistemático o discurso claramente incitador al odio.
Las sanciones varían según la clasificación de la falta, con amonestaciones públicas como la medida más leve. Las infracciones graves pueden llevar multas de entre 600 y 6,000 euros, mientras que las muy graves podrían acarrear multas que oscillan de 6,001 a 12,000 euros y, en algunos casos, restricciones en la participación del diputado en actividades parlamentarias.
El código de conducta de la cámara ya preveía sanciones, pero no tenían un respaldo legal sólido, lo que complicaba su efectividad en caso de recursos judiciales. Con la modificación del reglamento, se busca dotar a estas sanciones de rango legal y garantizar su aplicación. Este aspecto ha sido definido de forma clara en la propuesta, en la que se menciona que se debe encontrar un equilibrio entre la libertad de expresión y el respeto a la dignidad de las personas y los valores democráticos.
El contexto de esta reforma es especialmente relevante tras la amonestación pública que recibió la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, y el portavoz de Vox, Joan Garriga, cuyos comentarios fueron calificados como faltas leves según el código actual. Este incidente evidenció las limitaciones del sistema vigente y ha impulsado la urgencia por una revisión y actualización del marco normativo del Parlament. La mesa del Parlament, tras la recomendación de la Comisión del Estatuto de los Diputados, ha apoyado la necesidad de reformar el reglamento en respuesta a estos recientes episodios de tensión.
La reforma será debatida y, se espera, aprobada en otoño, cuando se restablezca la actividad parlamentaria tras el receso de verano. El objetivo es garantizar un ambiente de diálogo y respeto en el Parlament de Catalunya, al tiempo que se refuerza la credibilidad institucional ante la ciudadanía y se establece un marco que defina con claridad las responsabilidades y los límites de la libre expresión en la esfera política.