El Parlament de Catalunya aprueba la reforma que reconoce a funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad ante la controversia política

Este jueves, el Parlament de Catalunya aprobó una reforma que otorga a los funcionarios de prisiones la condición de agentes de la autoridad, impulsada por el PSC con el respaldo de Junts, PP, Vox y Aliança Catalana. La reforma, que busca proporcionar seguridad y protección a los trabajadores de las prisiones, surge tras el trágico asesinato de una cocinera en una prisión y ha generado un intenso debate político, con críticas de ERC, Comuns y CUP que consideran que representa un retroceso en la política penitenciaria.

Los defensores de la ley argumentan que la medida no representa un aumento de la represión, sino mayor responsabilidad y profesionalidad para los funcionarios. Sin embargo, la oposición señala que podría exacerbar tensiones en los centros penitenciarios, alertando sobre un posible deterioro de la convivencia y mayores vulneraciones a los derechos humanos. En contraste, partidos como PP y Vox consideran que la ley es insuficiente, pidiendo que se extiendan los derechos a todo el personal de prisiones.

Este debate marca un hito en la legislación sobre derechos y funciones en las prisiones, reflejando las profundas divisiones en el Parlamento catalán sobre cómo gestionar la seguridad en estos centros y las implicaciones que tiene para la convivencia entre funcionarios e internos.