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El Parlament de Catalunya aprueba el aplazamiento de la tasa turística, generando debate sobre su impacto y aplicación
El decreto, apoyado por PSC, ERC y Comuns, retrasa la entrada en vigor del impuesto y abre un nuevo capítulo en el debate turístico.
Publicado: 18 de junio de 2025, 12:38
El Parlament de Catalunya ha decidido aplazar la implementación de la tasa turística, que fue aprobada con los votos de PSC, ERC y Comuns, mientras que otros partidos se opusieron. La consellera de Economía, Alícia Romero, justificó el aplazamiento como necesario para asegurar la aplicación ordenada del impuesto, evitando incertidumbres que podrían surgir si se aplicara desde el 1 de mayo.
El aplazamiento se produce en una fase clave, justo antes de la temporada alta de turismo, reflejando tensiones internas entre los socios de gobierno. Los críticos, entre ellos Junts, cuestionaron la rapidez del proceso y sus posibles efectos negativos sobre el sector turístico, mientras que los defensores argumentaron que la tasa podría ser un recurso para mejorar políticas sociales. En este contexto, el Parlament ha validado el Decreto ley 10/2025 que modifica el Decreto Ley 6/2025, permitiendo al Parlament introducir cambios demandados por ERC y retrasando la entrada en vigor de la tasa turística.
El debate reveló diferentes perspectivas sobre la tasa turística, con algunos argumentando que debe ser justa y equitativa, en lugar de ser vista como una penalización. La consellera Romero ha defendido el decreto como una "medida correctora y garantista" y ha insistido en que el texto servirá para preservar la "coherencia normativa". A pesar de la recomendación del Consell de Garanties Estatutàries de no apresurar su aprobación, el Gobierno continuó con la moratoria, asegurando que el proceso legislativo para una nueva ley se realizará en las próximas semanas. Asimismo, el acuerdo entre el ejecutivo y los Comuns incluye el destino de 60 millones de euros para vivienda y ayuntamientos, en respuesta a las preocupaciones sobre el impacto del impuesto.
El aplazamiento se produce en una fase clave, justo antes de la temporada alta de turismo, reflejando tensiones internas entre los socios de gobierno. Los críticos, entre ellos Junts, cuestionaron la rapidez del proceso y sus posibles efectos negativos sobre el sector turístico, mientras que los defensores argumentaron que la tasa podría ser un recurso para mejorar políticas sociales. En este contexto, el Parlament ha validado el Decreto ley 10/2025 que modifica el Decreto Ley 6/2025, permitiendo al Parlament introducir cambios demandados por ERC y retrasando la entrada en vigor de la tasa turística.
El debate reveló diferentes perspectivas sobre la tasa turística, con algunos argumentando que debe ser justa y equitativa, en lugar de ser vista como una penalización. La consellera Romero ha defendido el decreto como una "medida correctora y garantista" y ha insistido en que el texto servirá para preservar la "coherencia normativa". A pesar de la recomendación del Consell de Garanties Estatutàries de no apresurar su aprobación, el Gobierno continuó con la moratoria, asegurando que el proceso legislativo para una nueva ley se realizará en las próximas semanas. Asimismo, el acuerdo entre el ejecutivo y los Comuns incluye el destino de 60 millones de euros para vivienda y ayuntamientos, en respuesta a las preocupaciones sobre el impacto del impuesto.