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El Palacio de la Magdalena en Santander es declarado Lugar de Memoria Democrática para recordar a las víctimas del franquismo
El BOE inicia el proceso formal que incluye consultas públicas y la participación de instituciones académicas.
Publicado: 31 de octubre de 2025, 13:09
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha dado inicio a un procedimiento que busca declarar el Palacio de la Magdalena, en Santander, como Lugar de Memoria Democrática. Este emblemático espacio fue utilizado como un campo de concentración durante el régimen franquista, operando desde finales de agosto de 1937 hasta noviembre de 1939, y llegó a albergar a más de 1.600 prisioneros en condiciones extremas.
El proceso de declaración se alinea con el objetivo de preservar la memoria de las víctimas del golpe militar, la Guerra Civil y la dictadura franquista, en colaboración con instituciones académicas. El Ayuntamiento de Santander será el encargado de pronunciarse sobre el bien y su futura protección, en un procedimiento que incluye un periodo de información pública.
El campo de La Magdalena fue estratégico durante la represión franquista, convirtiéndose en el principal espacio de internamiento para sospechosos políticos y militares republicanos tras la caída de Euskadi, donde muchos prisioneros permanecían meses detenidos antes de ser interrogados, con casos de muertes antes de dicho procedimiento. La ubicación geográfica del palacio, como península cerrada con accesos controlados, hacía muy difícil cualquier intento de fuga. Además, La Magdalena fue uno de los primeros campos de concentración establecidos por el franquismo y sirvió como modelo para otros recintos similares en España. La documentación que se conserva alrededor del campo de concentración de La Magdalena se encuentra en el Archivo General Militar de Ávila y en el Centro Documental de la Memoria Histórica en Salamanca, donde se continúan las investigaciones sobre este capítulo oscuro en la historia de Cantabria y España. Con esta declaración, se busca preservar y dignificar el recuerdo de las víctimas del régimen franquista, la Guerra Civil y el golpe militar. El procedimiento ha abierto un plazo de 15 días para que el Ayuntamiento, como titular, pueda realizar alegaciones sobre el régimen de protección del bien y se solicitarán informes a la Universidad de Cantabria y a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. También comenzará un periodo de información pública de veinte días tras la publicación de la resolución.
El proceso de declaración se alinea con el objetivo de preservar la memoria de las víctimas del golpe militar, la Guerra Civil y la dictadura franquista, en colaboración con instituciones académicas. El Ayuntamiento de Santander será el encargado de pronunciarse sobre el bien y su futura protección, en un procedimiento que incluye un periodo de información pública.
El campo de La Magdalena fue estratégico durante la represión franquista, convirtiéndose en el principal espacio de internamiento para sospechosos políticos y militares republicanos tras la caída de Euskadi, donde muchos prisioneros permanecían meses detenidos antes de ser interrogados, con casos de muertes antes de dicho procedimiento. La ubicación geográfica del palacio, como península cerrada con accesos controlados, hacía muy difícil cualquier intento de fuga. Además, La Magdalena fue uno de los primeros campos de concentración establecidos por el franquismo y sirvió como modelo para otros recintos similares en España. La documentación que se conserva alrededor del campo de concentración de La Magdalena se encuentra en el Archivo General Militar de Ávila y en el Centro Documental de la Memoria Histórica en Salamanca, donde se continúan las investigaciones sobre este capítulo oscuro en la historia de Cantabria y España. Con esta declaración, se busca preservar y dignificar el recuerdo de las víctimas del régimen franquista, la Guerra Civil y el golpe militar. El procedimiento ha abierto un plazo de 15 días para que el Ayuntamiento, como titular, pueda realizar alegaciones sobre el régimen de protección del bien y se solicitarán informes a la Universidad de Cantabria y a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. También comenzará un periodo de información pública de veinte días tras la publicación de la resolución.