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El Ministerio de Transportes busca evitar la mejora de indemnizaciones a viajeros de Renfe a pesar de la orden del Congreso
A pesar de que la Ley de Movilidad Sostenible exige indemnizaciones por retrasos, Renfe argumenta la necesidad de modificaciones reglamentarias.
Publicado: 6 de enero de 2026, 17:09
El Ministerio de Transportes está trabajando para frenar la implementación de una nueva política de indemnizaciones a los viajeros de Renfe, a pesar de una clara orden del Congreso de los Diputados. Esta orden, aprobada en noviembre de 2025, establece que Renfe debe recuperar un esquema de compensaciones por retrasos. Sin embargo, Renfe no tiene intención de modificar su política actual, alegando la necesidad de un despliegue normativo complementario. Esto genera tensiones entre las obligaciones de la empresa y las expectativas de los viajeros.
La situación se complica por las críticas a Renfe por los retrasos acumulados en sus servicios, los cuales son atribuidos a problemas de infraestructura. El Ministro de Transportes defiende la puntualidad de los trenes de alta velocidad de Renfe frente a sus competidores europeos. Además, el Ministerio ha señalado que, de aplicarse la nueva política de indemnizaciones, se estima un coste adicional para Renfe de 125 millones de euros anuales, lo que resultaría en un aumento del 10% en el precio de los billetes. A medida que la situación evoluciona, la presión política y la incertidumbre entre los viajeros y asociaciones de consumidores se intensifican. La falta de un marco normativo claro afecta el cumplimiento del mandato legislativo y plantea desafíos para la competitividad de la empresa pública.
Por otro lado, desde el Ministerio se ha iniciado el procedimiento para modificar el actual reglamento del sector ferroviario, lo que implicaría un proceso administrativo que podría extenderse en el tiempo y mantener vigente la política de indemnizaciones actual mientras se busca una solución legal. Se han hecho eco de las dificultades que enfrentaría Renfe si se implementan las nuevas indemnizaciones, considerándolo un agravio competitivo frente a los operadores como Ouigo e Iryo. Estas circunstancias han llevado a la empresa a buscar alternativas, como su nuevo sistema de abonos "Pase Vía", que permite a los usuarios de Avant ahorrar significativamente en sus desplazamientos anuales, mostrando un giro hacia políticas que busquen facilitar el uso del transporte público.
La situación se complica por las críticas a Renfe por los retrasos acumulados en sus servicios, los cuales son atribuidos a problemas de infraestructura. El Ministro de Transportes defiende la puntualidad de los trenes de alta velocidad de Renfe frente a sus competidores europeos. Además, el Ministerio ha señalado que, de aplicarse la nueva política de indemnizaciones, se estima un coste adicional para Renfe de 125 millones de euros anuales, lo que resultaría en un aumento del 10% en el precio de los billetes. A medida que la situación evoluciona, la presión política y la incertidumbre entre los viajeros y asociaciones de consumidores se intensifican. La falta de un marco normativo claro afecta el cumplimiento del mandato legislativo y plantea desafíos para la competitividad de la empresa pública.
Por otro lado, desde el Ministerio se ha iniciado el procedimiento para modificar el actual reglamento del sector ferroviario, lo que implicaría un proceso administrativo que podría extenderse en el tiempo y mantener vigente la política de indemnizaciones actual mientras se busca una solución legal. Se han hecho eco de las dificultades que enfrentaría Renfe si se implementan las nuevas indemnizaciones, considerándolo un agravio competitivo frente a los operadores como Ouigo e Iryo. Estas circunstancias han llevado a la empresa a buscar alternativas, como su nuevo sistema de abonos "Pase Vía", que permite a los usuarios de Avant ahorrar significativamente en sus desplazamientos anuales, mostrando un giro hacia políticas que busquen facilitar el uso del transporte público.