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El Ministerio de Sanidad exige a comunidades del PP datos de cribados de cáncer antes de iniciar acciones legales
Mónica García impone un plazo de un mes para remitir información y critica la falta de gestión del PP en Andalucía
Publicado: 4 de noviembre de 2025, 20:30
En un enfrentamiento creciente, el Ministerio de Sanidad español, liderado por Mónica García, ha dado un plazo de un mes a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (PP) para que remitan los datos de los programas de cribado de cáncer de mama, cervix y colon de los últimos cinco años. Esta medida se produce tras los fallos graves en el sistema de salud andaluz, donde miles de mujeres no recibieron resultados de sus mamografías, lo que ha llevado a la ministra a considerar acciones legales si la información no es proporcionada.
El requerimiento formal enviado a los gobiernos del PP justifica la urgencia en el cumplimiento de la normativa sobre salud pública, argumentando que las leyes vigentes, como la Ley General de Sanidad, obligan a las comunidades autónomas a cooperar y facilitar los datos necesarios para la vigilancia efectiva de los programas de salud. Se espera que, si las comunidades no pueden proporcionar todos los indicadores solicitados, al menos envíen aquellos de los que dispongan hasta el momento.
García ha criticado la negativa de las comunidades del PP, citando que estos actos son una forma de deslealtad institucional. Además, ha subrayado que estos datos son esenciales no sólo para evaluar el funcionamiento de los programas de cribado, sino para garantizar la salud de la población, especialmente de las mujeres. La falta de claridad y respuesta por parte de algunas comunidades ha intensificado la crisis de confianza en el sistema sanitario, y el Ministerio de Sanidad ha afirmado que tomará las medidas necesarias, incluidas las legales, para asegurar que se cumpla con su obligación de transparencia y se proteja la salud de todas las mujeres en el país.
El requerimiento formal enviado a los gobiernos del PP justifica la urgencia en el cumplimiento de la normativa sobre salud pública, argumentando que las leyes vigentes, como la Ley General de Sanidad, obligan a las comunidades autónomas a cooperar y facilitar los datos necesarios para la vigilancia efectiva de los programas de salud. Se espera que, si las comunidades no pueden proporcionar todos los indicadores solicitados, al menos envíen aquellos de los que dispongan hasta el momento.
García ha criticado la negativa de las comunidades del PP, citando que estos actos son una forma de deslealtad institucional. Además, ha subrayado que estos datos son esenciales no sólo para evaluar el funcionamiento de los programas de cribado, sino para garantizar la salud de la población, especialmente de las mujeres. La falta de claridad y respuesta por parte de algunas comunidades ha intensificado la crisis de confianza en el sistema sanitario, y el Ministerio de Sanidad ha afirmado que tomará las medidas necesarias, incluidas las legales, para asegurar que se cumpla con su obligación de transparencia y se proteja la salud de todas las mujeres en el país.